TEGUCIGALPA, 30 Jul. (Reuters/EP) -
Como si Honduras no estuviera sumida en una de sus peores crisis políticas tras el golpe de Estado, los dos principales candidatos presidenciales están preparando sus campañas para las elecciones del 29 de noviembre, cuya validez está en duda.
Porfirio Lobo es candidato del opositor Partido Nacional, mientras que Elvin Santos representa al Partido Liberal del derrocado mandatario Manuel Zelaya. Ambos se encuentran preparando su propaganda electoral aún cuando los comicios podrían ser desconocidos por la comunidad internacional, que no reconoce al Gobierno 'de facto' encabezado por Roberto Micheletti.
En la casa de campaña de Lobo, adornada con grandes avisos con el rostro sonriente del candidato, los planes se aceleran para seducir a los 4,5 millones de votantes en elecciones que fueron convocadas antes de que Zelaya fuera derrocado.
"Asumo que si es un Gobierno que surja de la voluntad del pueblo, la comunidad internacional debe reconocerlo", dijo en entrevista con Reuters, quien junto con Santos se preparan para iniciar la campaña electoral a fines de agosto.
Pero las cosas no están tan claras. Estados Unidos, el aliado histórico de Honduras, ha condenado el golpe de Estado y está aplicando lentamente medidas de presión contra el Gobierno de Micheletti, aunque no se ha pronunciado aún respecto al proceso electoral del país.
Pero la Organización de Estados Americanos (OEA), que integra Estados Unidos, y el bloque regional Mercado Común del Sur (Mercosur) dijeron que no reconocerán a un nuevo gobierno que surja de las urnas si antes no es restituido Zelaya.
El presidente de Guatemala, Álvaro Colom, expresó en un discurso durante una cita de mandatarios de centroamérica en Costa Rica que "todos debemos presionar" para que se alcance una resolución negociada en Honduras y que su país no aceptaría a ningún gobierno que fuera electo bajo un sistema de facto.
"Nadie puede venir de tan lejos a decirnos que no va a reconocer el proceso, porque eso sería tirado de los cabellos", se quejó Santos, ex vicepresidente de Zelaya, pero que se distanció del mandatario cuando éste giró a la izquierda y se alió al presidente venezolano, Hugo Chávez.
"El proceso electoral está totalmente desmarcado y desvinculado de los eventos del 28 de junio y fue convocado con anterioridad", aclaró Santos, quien
ENCUESTAS
Zelaya, un empresario maderero liberal, irritó a muchos en el empobrecido país centroamericano al aliarse con Chávez y algunos creen que su insistencia en realizar una consulta popular que abriera paso a la reelección presidencial se debió a la influencia del mandatario venezolano.
El tribunal electoral también parece ignorar el conflicto y ya sorteó la ubicación de los seis aspirantes en la boleta de votación. Lobo es el favorito a ganar las elecciones con un 42 por ciento de las preferencias, mientras Santos va en segundo lugar con un 37 por ciento, según una encuesta de la firma CID Gallup realizada en julio.
Los dos candidatos ya han fabricado pancartas, llaveros, afiches y propaganda para sus campañas según el cronograma. Analistas afirman que el Gobierno de facto quiere realizar las elecciones apostando a que legitimarán el golpe y así aliviarán las sanciones económicas.
"De alguna manera, el Gobierno de Micheletti va a tratar de presentar como si todo fuera normal con las elecciones, pero me parece que será muy difícil que lo consiga", dijo Kevin Coleman, investigador de la historia de Honduras de la Universidad de Indiana en Estados Unidos.
Arístides Mejía, el vicepresidente de Zelaya y quien lo representa en la cumbre de Costa Rica, indicó que en la cita se habló "del problema duro que se presentará si este régimen de facto trata de organizar elecciones que posteriormente no van a ser reconocidas por la comunidad internacional".
Una propuesta de mediación del presidente de Costa Rica, Oscar Arias, a estudio de las partes en conflicto, incluye adelantar las elecciones al 28 de octubre con presencia de observadores internacionales.
No obstante, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) ha rechazado la posibilidad de adelantar las elecciones para octubre, tal y como lo sugiere el Acuerdo de San José, alegando que esto conlleva una serie de implicaciones administrativas y económicas que ponen en "peligro la conformación ideal de la estructura que garantice la eficiencia y transparencia del mismo, afectando de manera negativa la selección, nombramiento y capacitación de dicho personal".