TEGUCIGALPA, 1 Oct. (EP/AP) -
El presidente del Colegio de Periodistas de Honduras, Elán Reyes, denunció hoy que el Gobierno de Manuel Zelaya intenta "sepultar la libertad de prensa", después de que un funcionario público denunciara por difamación y calumnia a cuatro miembros de esa organización.
"Estamos sumamente alarmados por ese tipo de querellas, que tienen el objetivo de intimidar y vulnerar la libertad de prensa en el país", señaló. "Hemos formulado un llamado puntual y enérgico al Gobierno para que cese de hostigar a los periodistas", aseguró.
Reyes dijo que pedirá ayuda a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (CIDH) ante el poco respeto "que existe en Honduras a la libertad de expresión y el derecho a informar". Instó, además, al Gobierno a "aprender a ser tolerante".
"En estos 20 meses (de la administración de Zelaya) se han producido demasiados intentos de sepultar al periodismo nacional y creemos que ya llegó el momento de que los periodistas nos unamos para luchar contra este problema", señaló.
Estas declaraciones se producen después de que el gerente de la Empresa estatal de Telecomunicaciones, Marcelo Chimirri, denunció ante los tribunales a un grupo de periodistas por reproducir un informe publicado por el diario 'El Universal de México' en torno a supuestos actos de corrupción de esa empresa gubernamental.
Los periodistas querellados por Chimirri son los directores de Telenoticias de Canal 5, Renato Álvarez y Rossana Guevara y los periodistas de Radio Cadena Voces, Melissa Amaya y Juan Carlos Cruz. Hace tres meses, Chimirri acusó por delitos similares a Mauricio Flores, de 'El Heraldo', y a Nelson García, de 'La Prensa'.
Según la empresa no gubernamental Conexihon.com, Zelaya ha sostenido un promedio de 2,2 roces mensuales con los medios de comunicación desde que asumió su cargo en enero de 2006, especialmente los escritos, a los que constantemente acusa de promover campañas de desprestigio en su contra.
Chimirri critica habitualmente a los medios locales de prensa por promover la violencia en las calles y exaltar a los delincuentes. En mayo, Zelaya acusó a los dueños de los medios de obstaculizar su administración. En abril, pidió al Congreso que aprobara leyes para evitar la publicación de informaciones sobre hechos violentos, para después indicar que los diputados tenían miedo a los periodistas y por ello no mostraron "interés" en su propuesta.