TEGUCIGALPA, 5 Nov. (EUROPA PRESS) -
La Comisión de Verificación que vela por el cumplimiento del acuerdo alcanzado en Honduras se reunió este miércoles con el mandatario interino, Roberto Micheletti, para concretar la puesta en marcha de un "gobierno de unidad y reconciliación".
La delegación compuesta por el ex presidente chileno Ricardo Lagos, la secretaria de Trabajo de Estados Unidos, Hilda Solís, y el embajador de Honduras ante la ONU, Jorge Arturo Reina, recordó la necesidad de establecer un gabinete antes de este jueves.
"Señalamos la necesidad de constituir e instalar un gobierno de unidad y reconciliación, de acuerdo a los términos del compromiso suscrito el 30 de octubre", declaró Ricardo Lagos en rueda de prensa conjunta con los demás miembros de la comisión.
Horas antes de la reunión, la portavoz de la delegación de Micheletti, Vilma Morales, dijo que la titularidad del Ejecutivo "seguiría como está, continuaría siendo el señor presidente Micheletti hasta que se decida lo que corresponde al punto 5 (el referido a la decisión del Congreso sobre la restitución del presidente depuesto Manuel Zelaya)".
Hilda Solís recordó la intención del presidente interino de "apartarse a un lado" en la carrera por la Presidencia del país si Zelaya hace lo propio cuando faltan pocos días para la celebración de los comicios presidenciales del 29 de noviembre.
INCERTIDUMBRE
Así pues, a pesar de la situación de incertidumbre, se espera que este jueves se revelen los nombres del nuevo gabinete que presidirá Honduras hasta que el mandatario electo en los comicios generales tome posesión de su cargo.
A pesar de desconocer quien estará a la cabeza del nuevo ejecutivo, existen dos opciones para su conformación, la primera es que se designen a 20 personas, 10 a favor del presidente depuesto, Manuel Zelaya, y 10 representantes de Micheletti, y la segunda es que tanto Zelaya como Micheletti renuncien al cargo y sean personas totalmente ajenas a las partes quienes lleven las riendas del país.
Los medios hondureños se hacen eco de la lentitud del proceso de diálogo cuando las partes permanecen todavía a la espera de que el Congreso unicameral reanude la sesión parlamentaria para votar el retorno a la Presidencia de Zelaya, de la que fue expulsado en un golpe militar el pasado 28 de junio.