TEGUCIGALPA, 3 Nov. (Reuters/EP) -
Los líderes del Congreso de Honduras decidieron este martes solicitar la opinión de la Corte Suprema de Justicia del país sobre la posibilidad de restituir o no al presidente derrocado Manuel Zelaya en el cargo, tal y como contempla el acuerdo suscrito el jueves pasado para poner fin a la crisis política que vive Honduras desde el golpe de Estado del pasado 28 de junio.
El presidente del Congreso hondureño, José Alfredo Saavedra, convocó este martes a las 9.30 horas (16.30 hora peninsular española) a los miembros de la Junta Directiva del Parlamento para abordar el acuerdo suscrito el pasado jueves, aunque ha rechazado toda presión para que el Congreso se pronuncie cuanto antes sobre la restitución de Zelaya.
Por su parte, Zelaya insistió este martes de nuevo en la necesidad en que el Congreso tramite "con celeridad" la decisión sobre su restitución y advirtió de que las elecciones del próximo 29 de noviembre no tendrán reconocimiento internacional si no se consuma antes su restitución.
El mandatario despuesto fijo para este jueves el plazo límite para que el Congreso se pronuncie al respecto sobre su restitución, fecha límite para la creación de un Gobierno de unidad nacional en Honduras, tal y como contempla el acuerdo de la semana pasada.
La presión ejercida por la delegación de altos funcionarios enviada por Estados Unidos fue clave para que a última hora de este jueves (madrugada en España) ambas comisiones pactaran poner en manos del Parlamento hondureño la decisión sobre la restitución de Zelaya, asesorado por la Corte Suprema de Justicia.
La última palabra la tiene ahora el Congreso que deberá debatir y decidir si da o no luz verde a este acuerdo, el primero que han firmado sin poner objeciones. El principal escollo, sin embargo, es el retorno de Zelaya al poder antes de que asuma el poder el nuevo presidente de Honduras en enero 2010, que resultará electo en los comicios del 29 de noviembre, algo sobre lo que debe pronunciarse el Congreso, previo dictamen de la Corte Suprema de Justicia.
El acuerdo de ocho puntos implica la creación de un Gobierno de reconciliación, el rechazo a la amnistía política, el reconocimiento de las elecciones presidenciales del 29 de noviembre, la transferencia de la autoridad sobre las Fuerzas Armadas al Tribunal Supremo Electoral, la creación de una Comisión de Verificación para el cumplimiento del acuerdo y la formación de una Comisión de la Verdad para investigar los hechos antes, durante y después del golpe de Estado.
En virtud del acuerdo, las partes han pedido también a la comunidad internacional la derogación de las sanciones impuestas a Honduras a raíz de la crisis como la suspensión de toda ayuda no humanitaria y las restricciones de viajes de funcionarios del Gobierno 'de facto' y que envíe observadores internacionales a los comicios.