Actualizado 08/01/2010 04:22

Honduras.- La cúpula militar hondureña va a tratar de eludir la orden de detención, según su abogado defensor

La Corte Suprema de Justicia designa a su presidente para que se encargue personalmente de la investigación contra los militares


TEGUCIGALPA, 8 Ene. (EUROPA PRESS) -

Uno de los abogados encargados de defender a la Junta de Comandantes de Honduras, Dagoberto Mejía, expresó este jueves su intención de evitar la orden de detención solicitada por la Fiscalía General del Estado contra sus defendidos, a quienes se acusa de haber cometido los delitos de abuso de la autoridad y expatriación ilegal durante el golpe de Estado del pasado 28 de junio contra el depuesto presidente Manuel Zelaya, quien fue sacado del país a punta de pistola y enviado en un avión a Costa Rica.

El Fiscal General de Honduras, Luis Alberto Rubí, solicitó el pasado miércoles a la Corte Suprema de Justicia la detención y el procesamiento de la cúpula militar hondureña ---entre otros el Jefe del Estado Mayor de la Defensa, el general Romeo Vásquez, el comandante de la Fuerza Áerea, Venancio Cervantes, y el comandante de la Fuerza Naval, Luis Javier Prince--.

Mejía, ex director de fiscales del Ministerio Público, ha sido designado por el Ejército para defender a la cúpula militar. Alrededor de las 11.00 horas de ayer se presentó como apoderado legal de los acusados para expresar su intención de evitar que se ejecute la solicitud de captura solicitada por el Ministerio Público.

"En aras del derecho de defensa, previo a cualquier resolución del tribunal o que el juez deba emitir, estamos haciendo o dejando de manera expresa la voluntad que tienen ellos (los comandantes) de someterse el día y la hora que el juez natural que designe la honorable Corte Suprema de Justicia lo designe", precisó en declaraciones a la emisora Radio América.

EL PRESIDENTE DE LA CORTE SUPREMA, ENCARGADO DEL CASO

El pleno de la Corte Suprema de Justicia se reunió en la mañana del jueves para conocer y estudiar el requerimiento interpuesto por la Fiscalía hondureña. El presidente de este organismo, Jorge Rivera Álvarez, ha sido designado por los demás magistrados como encargado del caso, informaron diversos medios locales.

Por su parte, uno de los asesores de la Fiscalía, Rigoberto Espinal, defendió la petición realizada por el Ministerio Público y respondió las críticas vertidas ayer por Zelaya, quien calificó esta medida como un "truco" con el que se pretendía "ocultar la verdad" de lo ocurrido durante el golpe de Estado.

"No es un acto inventado a última hora para ponerle un manto o cobertor a otras cosas", expresó Espinal en declaraciones recogidas por el diario 'El Heraldo'. "Con respecto al ex presidente también se realizó un proceso investigativo con anterioridad a lo ocurrido el 28 de junio", agregó.

El CONGRESO PODRÍA APROBAR UNA AMNISTÍA PARCIAL

Respecto a la votación que se realizará la semana que viene en el Congreso del país centroamericano para determinar si se concede o no una amnistía política por los hechos anteriores y posteriores al golpe, Espinal dijo que serían los diputados quienes deberían decidir a quién y para qué delitos se aplica la amnistía.

Su aprobación podría suponer la salida del país de Manuel Zelaya, que se encuentra refugiado en la Embajada de Brasil desde el pasado mes de septiembre, pero también el sobreseimiento del recién iniciado proceso contra los militares.