Piden que el Consejo de Seguridad se pronuncie sobre estas violaciones
MADRID, 25 Sep. (EUROPA PRESS) -
La Misión Internacional de Observación sobre la situación de los Derechos Humanos en Honduras defendió este viernes que el actual contexto de "graves violaciones a los derechos humanos documentadas" en el país centroamericano a raíz del golpe de Estado impide celebrar elecciones presidenciales en el país el próximo 29 de noviembre con garantías de que habrá resultados "legítimos".
Hasta finales de agosto, el informe elaborado por la misión, compuesta por 17 juristas, abogados, periodistas y defensores de Derechos Humanos de doce países, constata la muerte de al menos 14 personas en Honduras por la violencia desatada en el país tras el golpe --cuatro de ellas en manifestaciones y diez a manos de sicarios-- y "más de 4.000 detenciones arbitrarias" de personas que han participado en manifestaciones en apoyo al presidente derrocado Manuel Zelaya, incluidos 156 menores, explicó la directora del Centro de Investigación en Derechos Humanos (CIPRODEH), Reina Rivera.
"La vulneración de derechos abarca todas las categorías de Derechos Fundamentales", precisó, durante la presentación del informe sobre las violaciones de Derechos Humanos elaradado por la Misión Internacional de Observación tras realizar una visita de una semana a Honduras el pasado mes de julio.
El informe detalla todo tipo de violaciones, inlucidas "amenazas a muerte" y "asesinatos y tortura de dirigentes políticos, especialmente de la Unión Democrática", pero también de dirigentes sindicalistas, profesores y miembros del Partido Liberal del presidente del Gobierno 'de facto' que han manifestado su rechazo al golpe de Estado, así como contra periodistas que pretenden informar de la situación en Honduras con "objetividad", explicó el representante de la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH), Enrique Santiago.
Asimismo, constata "amenazas individuales" a activistas de Derechos Humanos convertidos en "blanco de los ataques de la Junta golpista", "un especial ensañamiento contra las mujeres" que, en ocasiones, han sido objeto de "abusos sexual" después de haberse movilizado en defensa del orden constitucional en el país y "detenciones induscriminadas de extranjeros", especialmente de nicaragüenses y venezolanos, agregó Santiago.
Santiago denunció que el Ejército hondureño ha llevado a cabo actos de represión contra la población con ayuda de "cuerpos de seguridad privados" ligados a empresarios del país, algo que, a su juicio, demuestra "la existencia de escuadrones de la muerte" en Honduras.
POLITIZACIÓN DEL SISTEMA JUDICIAL
Pilar Sierra, del Centro de Derechos de la Mujer de Honduras, denunció que la politización del sistema judicial en Honduras a raíz del golpe está dejando desprotegido a los miles de detenidos en Honduras y permitiendo que se impulsen "juicios colectivos" contra manifestantes detenidos, acusados de sedición y atentado contra el orden público. "La justicia no actúa para proteger a las víctimas. Las víctimas se convierten en victimarios", lamentó.
En este sentido, criticó que tanto la Corte Suprema de Justicia hondureña, como la Procuradoría y el Comisionado para los Derechos Humanos en Honduras "se pone al servicio de los golpistas". "Se están contabilizando formalmente más de diez muertos. Ninguno de estos asesinatos tiene culpables", subrayó.
El secretario general del Instituto de Estudios Políticos sobre América Latina y África (IEPALA) y representante de la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH), Enrique Santiago, advirtió de que las violaciones "verificadas" hasta la fecha "no han desaparecido" sino que "han venido incrementándose desde el pasado agosto".
NO A LOS COMICIOS
"En el marco de violación a los Derechos Humanos (en Honduras) no es posible la realización del proceso electoral", consideró Sierra. "No hay condiciones de seguridad. (...) En este marco no nos garantizan elecciones transparentes" ni "elecciones participativas", agregó Rivera.
Rivera instó al Consejo de Seguridad de la ONU a "pronunciarse" sobre estas "graves" violaciones y que "dé un plazo preventivo para la salida del Gobierno golpista" y, por otra parte, reclamó a la comunidad internacional que se suspenda "inmediatamente" la venta de armas a Honduras.
Sierra reclamó por su parte a la comunidad internacional garantizar que "esas elecciones no van a ser reconocidas", comprometerse a no enviar observadores electorales a los comicios y "medidas de sanción a los golpistas".
Por su parte, Santiago defendió la necesidad de que la comunidad internacional y Europa suspendan sus contactos políticos y comerciales con Honduras, "una condena clara" del Consejo de Seguridad de la ONU de la situación en el país y "acciones preventivas" de la Corte Penal Internacional ante lo que consideró "un crimen de lesa humanidad" cometido en Honduras.