MADRID, 19 Jul. (EUROPA PRESS) -
Los negociadores del Gobierno hondureño 'de facto' presentaron hoy una contrapropuesta de siete puntos alternativa que prevé el enjuiciamiento del presidente depuesto Manuel Zelaya, que no sería restituido, pero también propone un gobierno de unidad nacional y la creación de una "comisión de la verdad" que investigue los hechos anteriores y posteriores al golpe de Estado del 28 de junio.
Los representantes del Gobierno 'de facto' aceptarían así el retorno de Zelaya, pero "con las garantías necesarias para que pueda ejercer su derecho al debido proceso ante los órganos jurisdiccionales competentes del Poder Judicial". También propone una "comisión de la verdad" centrada en la corrupción de la que acusan a Zelaya.
El documento plantea también el adelanto de las elecciones y poner a la Fuerzas Armadas y la Policía Nacional bajo el mando del Tribunal Supremo Electoral para garantizar la transparencia, libertad y normalidad del proceso electoral.
El planteamiento del Gobierno 'de facto' encabezado por el presidente interino Roberto Micheletti, es una contrapropuesta al documento de siete puntos presentado ayer como base para la negociación por el mediador, el presidente de Costa Rica, Óscar Arias. El primer de los siete puntos presentados por Arias establecía el retorno de Zelaya a la Presidencia de Honduras hasta el final de su mandato, en enero de 2010.
"No vamos, por ningún punto, a realizar ningún acuerdo sin respeto a nuestras instituciones y sin respeto a la Constitución de la República", afirmó Vilma Morales, ex presidenta de la Corte Suprema de Justicia hondureña e integrante de la comisión de Micheletti en las negociaciones de Costa Rica.
Los puntos de la propuesta del Gobierno 'de facto' son:
Primero, el retorno a Honduras del peticionario señor José Manuel Zelaya Rosales con las garantías necesarias para que pueda ejercer su derecho al debido proceso ante los órganos jurisdiccionales competentes del Poder Judicial.
Segundo, el afianzamiento del orden democrático y de respeto a la separación de Poderes, para lo cual se conformaría un Gobierno de unidad y reconciliación nacional, compuesto por miembros de los partidos políticos y sectores sociales, conforme a requisitos de capacidad, merito, idoneidad y ética que defienda la soberanía nacional y combata el narcotráfico.
Tercero, la garantía de la vigencia efectiva del Estado de Derecho y el rechazo de la corrupción y de la impunidad, asegurando igualmente el respeto a la profesionalidad de la Policía Nacional, cuya rotación deberá sujetarse estrictamente a lo que prescribe su legislación especial.
Consecuentes con lo anterior deben preservarse la integridad de los fondos públicos y devolverse aquellos que hubieren sido sustraídos y utilizados ilegalmente. Con ese mismo propósito debe respetarse el presupuesto aprobado por el Congreso Nacional recientemente.
Cuarto, la constitución de una comisión de la verdad que para el pueblo hondureño y la comunidad internacional, identifique todos los actos, hechos evidentes y notorios que condujeron a la actual situación, en el periodo previo al 28de junio en esa fecha y con posterioridad a la misma.
Quinto, la posibilidad de adelantar las elecciones nacionales ya convocadas, de acuerdo con lo que disponga el Tribunal Supremo Electoral y en consulta con los candidatos presidenciales.
Sexto, la puesta de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional bajo el mando del Tribunal Supremo Electoral, cuatro meses antes de las elecciones, para efectos de garantizar la transparencia, libertad y normalidad del proceso electoral que es asunto prioritario de seguridad nacional, conforme a la Constitución de la República de Honduras y la Ley Electoral y de las Organizaciones Políticas.
La profesionalidad y funciones de las Fuerzas Armadas deberán respetarse y asegurarse conforme lo dispone expresamente la Constitución de la República, y toda rotación deberá apegarse estrictamente al cumplimiento de lo establecido en la Ley Constitutiva de las Fuerzas Armadas.
Séptimo, la integración de una comisión de verificación compuesta por hondureños notables que vigile el cumplimiento de estos acuerdos e informe periódicamente de ello al pueblo hondureño y a la comunidad internacional.
Los acuerdos que hemos logrado requieren constitucionalmente ser sometidos a la consideración del Poder Judicial, Poder Legislativo, Tribunal Supremo Electoral y otras instancias públicas.