TEGUCIGALPA, 5 Abr. (Reuters/EP) -
El Ministerio Público de Honduras investiga la presunta participación de oficiales de la cúpula de la Policía en el asesinato en 2009 de un zar local antidrogas, según ha informado este lunes un portavoz del organismo.
Julián Arístides González, un general retirado del Ejército y jefe de la Dirección Nacional de Lucha Contra el Narcotráfico (DCLN), fue asesinado el 8 de diciembre de 2009, cuando desconocidos desde motocicletas lo acribillaron a tiros mientras viajaba en su vehículo en Tegucigalpa.
"El crimen (...) está siendo investigado y una de las líneas de investigación sería la participación de oficiales de la cúpula policial de entonces", ha dicho a Reuters el portavoz del Ministerio Público, Carlos Morazán, quien no ha dado más detalles argumentando que la investigación es reservada.
González, que ejecutó operaciones contra narcotraficantes incautando droga, inhabilitando pistas de aterrizaje y capturando a una decena de policías involucrados, fue asesinado durante el régimen de facto de Roberto Micheletti.
El diario local 'El Heraldo' aseguró, citando documentos de la Dirección de Inteligencia Policial, que el crimen fue planificado y ejecutado por cuatro oficiales de alto rango, además de otros agentes pagados por un capo del narcotráfico.
Asimismo, el medio agregó que tiene grabaciones de la planificación del crimen, realizada en la principal base policial de Tegucigalpa, y nombres de los jefes que participaron, aunque no los publicó.
La Policía de Honduras ha indicado este lunes en un comunicado que está interesada en "colaborar con todos los entes de justicia del Estado a fin de que se continúe el proceso de investigación, esclarecimiento y judicialización" de los criminales.
Honduras, una de las naciones más violentas del mundo, es una ruta clave de la cocaína que cárteles mexicanos usan para cruzar desde Sudamérica, vía América Central, hasta Estados Unidos.
Los cárteles encontraron en Honduras un terreno fértil para sus operaciones debido a la corrupción de los cuerpos de seguridad, la Justicia y funcionarios de gobierno, según investigadores.
El presidente Juan Orlando Hernández lanzó en 2014 una ofensiva militar contra los narcotraficantes y ha extraditado a Estados Unidos a cerca de una decena de personas acusadas de traficar cocaína.