TEGUCIGALPA, 6 Dic. (EUROPA PRESS) -
El presidente hondureño, Porfirio Lobo, confesó este lunes que está analizando varias alternativas legales para que el ex mandatario derrocado Manuel Zelaya pueda regresar a Honduras y no tenga que ser juzgado por los delitos que se le acusan.
"Buscamos que su caso se resuelva lo más pronto posible, aunque él (Zelaya) no quiera venir", afirmó Lobo en declaraciones a la cadena Televicentro.
Lobo ha analizado el asunto con los titulares de la Corte Suprema de Justicia, el Congreso Nacional y el Ministerio Público, quienes estudian "con muy buena voluntad" las diversas opciones jurídicas que existen para indultar a Zelaya.
El caso del mandatario derrocado se ha convertido en un "tema de interés nacional", reconoció Lobo. "Lo que pretendemos es que Zelaya vuelva a Honduras sin la amenaza de ser arrestado para que se defienda en libertad de los cargos que se le imputan", subrayó.
Pero Lobo ha dejado claro que se está buscando una "salida sin que se viole la ley", lo que quiere decir que Zelaya tendrá que ser sometido a la justicia por delitos relacionados con corrupción y violación a Constitución. "Los abogados todo lo pueden", apuntó.
Varios presidentes latinoamericanos han hablado del tema con el actual mandatario hondureño a quien le han preguntado sobre la posibilidad de indultar a Zelaya. Lobo admitió que siente "pena" por la percepción que se tiene de esta nación centroamericana y su supuesta "falta de voluntad" para zanjar definitivamente esta crisis.
Este asunto ha sido analizado por Lobo con los mandatarios de Colombia, Juan Manuel Santos; de Chile, Sebastián Piñera; de Costa Rica, Laura Chinchilla; y de Nicaragua, Daniel Ortega, entre otros.
Zelaya fue expulsado de Honduras por militares el 28 de junio de 2009, el mismo día que tenía previsto una consulta con miras a hacer algunas reformas a la Constitución, a pesar de que el Poder Judicial la había declarado ilegal.
Tres meses después, regresó de manera clandestina y se alojó en la Embajada de Brasil en Tegucigalpa, donde permaneció hasta el pasado 27 de enero ,cuando Lobo le dio un salvoconducto para viajar a República Dominicana, donde reside como 'huésped de honor'.
El propio Lobo ha dicho que está dispuesto a ir a buscar al presidente derrocado a Santo Domingo, pero su oferta ha sido desestimada. "Si Zelaya hubiera querido ya estaría en Honduras porque hace cuatro meses me ofrecí a traerlo y rechazó mi iniciativa", aclaró.
PRESIONES INTERNACIONALES
La insistencia de Lobo en buscar una solución legal para evitar que Zelaya sea procesado es producto de la presión que mantienen algunos presidentes latinoamericanos y europeos, reveló el asesor presidencial en materia legal, José Humberto Palacios Moya, en declaraciones a la prensa.
Se trata de "una exigencia internacional", afirmó Palacios. "Al presidente Lobo le están exigiendo todos los presidentes de América Latina y Europa porqué no arregla el problema de Zelaya, y la cuestión es que internamente el tema es complicado", aclaró.
Algunos gobiernos ven el problema de Zelaya en Honduras como si se tratara de un "asunto de persecución política, pero no lo es, hablamos un asunto de la Fiscalía que actuó con integridad para presentar los casos".
El también fiscal adjunto del Ministerio Público reiteró que "la posibilidad del indulto está descartada" en el caso del mandatario depuesto y que lo más idóneo sería "buscar una salida legal". "Se habla de la posibilidad de que los delitos comunes que se le han imputado a Zelaya se acumulen a los políticos", recordó.
Lo que se busca --explicó Palacios-- es que "sean incluidos todos los delitos comunes a los políticos y esto sería una salida elegante, para aplicarle la amnistía". Otra alternativa es que "la Fiscalía archive las diligencias", hecho que "se vería ante los ojos del pueblo un poco grave, un mal precedente".
Por su parte, el fiscal especial de Lucha contra la Corrupción, Henry Salgado, aclaró que el Ministerio Público no puede de forma "antojadiza" transgredir el "principio de legalidad" y que, por tanto, Zelaya deberá someterse a juicio.
"Hasta el momento lo que tiene el Ministerio Público son dos pretensiones que están válidas ante los órganos judiciales con una orden de captura", indicó Salgado en declaraciones citadas por los medios locales.