TEGUCIGALPA, 27 Jul. (EUROPA PRESS) -
El presidente de Honduras, Porfirio Lobo, anunció el martes que organismos de Inteligencia investigan a presuntos espías que mantienen intervenido su teléfono privado así como su cuenta de correo electrónico.
Lobo no descarta que se trate de hackers que quieren obtener la información que se maneja dentro de la Casa Presidencial, aunque se abstuvo de dar más información por motivos se seguridad. Hace apenas unos días el mandatario tuvo que reforzar su seguridad personal tras recibir amenazas de muerte de grupos no identificados.
"Hay particulares que están interceptando llamadas personales aparentemente y en ese sentido estamos verificando esa situación igual que el tema del Internet, a fin de hacer los correctivos necesarios y además tener la protección suficiente", dijo Lobo en declaraciones a los medios.
Según Lobo, las escuchas ilegales no son nada nuevo, pero su Gobierno desea ahora hacer los correctivos necesarios para evitar que desconocidos y grupos de interés tengan acceso a información confidencial de la Presidencia. Advirtió además de que los responsables serán sancionados de acuerdo a las leyes hondureñas que prohíben la interceptación de llamadas y correo privado.
"Cuando hago una llamada telefónica, yo asumo que me están escuchando y los correos electrónicos son los que menos miran, y en eso creo que no hay ningún problema", explicó el mandatario.
Honduras es considerado uno de los países más inseguros del continente, pero además debe afrontar la radicalización política derivada del golpe de Estado ocurrido en junio de 2009 que provocó una de las peores crisis que ha vivido esa nación centroamericana.
En días recientes, Lobo confirmó que aplicarán a las personas con más recursos un impuesto de seguridad para financiar los planes para brindar una mayor protección a la ciudadanía, a pesar de las críticas que recibió el proyecto cuando fue anunciado hace unas semanas.
La llamada tasa de seguridad fue aprobada por el Congreso de Honduras el pasado junio para un período de cinco años, en los que el Estado prevé recaudar 7.500 millones de lempiras (281 millones de euros) para combatir el crimen.