MADRID, 15 Oct. (EUROPA PRESS) -
La ONG Human Rights Watch (HRW) ha acusado este jueves al Gobierno de Tailandia de escudarse en la declaración del estado de emergencia para "reprimir las protestas" contra el Gobierno que llevan varios días sucediéndose en la capital, Bangkok.
"El estado de emergencia da al Gobierno tailandés poderes para suprimir libertades fundamentales y garantizar la impunidad de las fuerzas de seguridad", ha manifestado Brad Adams, el director de HRW para Asia.
Adams ha instado así a las autoridades a no "reprimir las protestas pacíficas con leyes draconianas que violan la libertad de expresión y otras libertades civiles". La organización ha denunciado que por el momento han sido detenidos 22 activistas, entre ellos varios líderes estudiantiles, durante las manifestaciones frente a la Casa de Gobierno.
A las 4.00 de la madrugada de este jueves, el primer ministro, Prayuth Chan Ocha, declaró el estado de emergencia por considerar que los manifestantes violan la ley y la Constitución.
Poco después del anuncio, miles de agentes de la Policía Antidisturbios, armados porras y escudos, sofocaron las protestas en la zona. Según HRW, el estado de emergencia permite a los agentes detener a manifestantes sin imponer cargos algunos contra ellos.
"El Gobierno de Tailandia ha creado su propia crisis de Derechos Humanos", ha lamentado Adams, que ha acusado a las autoridades de "criminalizar a los manifestantes". En este sentido, ha instado a que se lleve a cabo una reforma política.
Para la organización, la situación supone "una amenaza para los manifestantes pacíficos, que se pueden enfrentar a largos periodos de prisión simplemente por exigir reformas para democratizar el país".
"Los gobiernos y Naciones Unidas deben condenar públicamente esta ola de represión política y llamar de inmediato a la puesta en libertad de los activistas", ha señalado.
Los manifestantes insisten en que la salida de Prayuth del poder es necesaria para lograr una verdadera transición democrática en el país. El actual primer ministro llegó al poder mediante un golpe de Estado en 2014 y lideró la junta militar durante cinco años, refrendando posteriormente su cargo en las elecciones parlamentarias de 2019.
Sin embargo, la actual Constitución fue introducida precisamente por la junta militar, así como la ley electoral, lo que ha favorecido la vuelta al poder del general retirado.