MADRID, 6 Ene. (EUROPA PRESS) -
Más de 250 civiles han muerto en Burkina Faso desde el pasado mes de abril durante los ataques perpetrados por los grupos islamistas armados del país, según ha constatado este lunes la ONG pro Derechos Humanos Human Rights Watch, antes de denunciar la extrema brutalidad de unos asaltos que suelen terminar con una serie de ejecuciones sumarias entre la población.
En su último informe, la ONG detalla el extraordinario repunte de la violencia ocurrido el año pasado en un país donde el terrorismo tiene un doble componente religioso y étnico. Los grupos islamistas que menciona la organización empezaron a operar en la vecina Malí antes de extender sus operaciones a Burkina en 2016. Primero en el norte del país -- parte de la volátil región del Sahel -- antes de bajar hacia las regiones de Nord, Centre-Nord, Boucle du Mouhoun y Est.
Allí, los islamistas han aprovechado las históricas tensiones intercomunitarias, agravadas por la extrema pobreza y la corrupción del gobierno central, para sembrar el pánico y engordar sus filas con integrantes de la comunidad fulani (o peul) para lanzar ataques contra el resto de grupos, como los foulse, los mossi, los songhai o los gourmantche.
Por ello, estas organizaciones terroristas siempre justifican sus atrocidades por múltiples motivos -- venganza contra las autoridades, contra Occidente, contra los cristianos -- en función de la conveniencia, explica HRW.
"Sus objetivos pueden ser granjeros, devotos, mineros, desplazados... les da igual. La crueldad que exhiben no tiene límites y su desprecio por la vida humana es absoluto", lamenta la directora para África Occidental Corinne Dufka.
El informe de HRW entrevista a 54 supervivientes y testigos de estos ataques, una veintena en total entre abril y diciembre de 2019, protagonizados principalmente por dos grupos, la organización terrorista local Ansaroul Islam y Estado Islámico del Gran Sáhara, y caracterizados por la variedad en su 'modus operandi', contando "ataques a mercadillos, iglesisas, mezquitas, poblados, campos de desplazados o emboscadas en carretera".
"Los grupos islamistas tienen que detener inmediatamente sus ataques contra la población civil", ha pedido la directora regional de HRW. "Por su parte, el Gobierno burkinés debe actuar con más contundencia a la hora de proteger a las comunidades más vulnerables e investigar la posiblidad de que estos actos constituyan crímenes de guerra", ha añadido.