MADRID, 29 Abr. (EUROPA PRESS) -
Cerca de cien jueces han sido cesados de forma arbitraria en Bolivia desde 2017, según ha denunciado este lunes Human Rights Watch (HRW), instando a la Organización de Estados Americanos (OEA) a abordar lo que considera un ataque a la independencia judicial por parte del Gobierno de Evo Morales.
El Consejo de la Magistratura ha enviado notificaciones a decenas de jueces en las que les da las gracias por los servicios prestados pero les informa de que ya no son necesarios sin explicar el por qué ni dar a los afectados la oportunidad de impugnar su cese.
HRW ha entrevistado a ocho jueces destituidos y a un abogado que representa a otros 20 que han denunciado su cese ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). También ha tenido acceso a nueve notificaciones y a una resolución de 2017 con la que se despidió a 88 jueces.
La única explicación aparece precisamente en dicha resolución. Allí se explica que el Poder Judicial "necesita nuevos jueces" y que los jueces cesados ejercían de forma interina por lo que, según argumenta el Consejo de la Magistratura, pueden ser expulsados en cualquier momento.
Una ley de 2010 establece de forma retrospectiva que los jueces designados antes de la Constitución de 2009 tienen carácter interino. Un año después, otra ley permitió al Consejo de la Magistratura nombrar jueces "provisionales" hasta que se creara una especie de escuela de jueces.
Como consecuencia de todo ello, funcionarios bolivianos indicaron en una audiencia ante la CIDH celebrada en septiembre de 2018 sobre esta cuestión que, en ese momento, solo 163 de los 1.200 jueces que tiene la nación andina, lo que supone un trece por ciento, son permanentes.
HRW ha podido hablar con un juez que accedió al cargo con carácter permanente en 2003, primero como juez de familia y después como juez civil. "Pero llegaron con la idea de que todos los puestos eran transitorios" y fue cesado el pasado mes de febrero, ha denunciado.
"Tener una posición transitoria es una forma de extorsión" para un juez, ha explicado. "Si no te comportas adecuadamente, puedes recibir una carta de despido mañana porque eres solo un interino. Cada vez que decides en un caso tienes que pensar cómo afectará" al Gobierno, ha expuesto.
"Hay una razón por la que el Derecho Internacional establece que los jueces no pueden ser despedidos como cualquier funcionario", ha subrayado el director de HRW para las Américas, José Miguel Vivanco. La garantía contra la remoción arbitraria de los jueces "es un componente clave de cualquier democracia que respete los Derechos Humanos", ha dicho.
LLAMAMIENTO A LA OEA
La ONG ha llamado la atención sobre el hecho de que el presidente boliviano, Evo Morales, ha rechazado en numerosas ocasiones que la independencia judicial sea un elemento fundamental de la democracia, esgrimiendo que es tan solo "una doctrina norteamericana".
HRW ha señalado en concreto al Consejo de la Magistratura, un órgano creado por la Constitución de 2009 que tiene el poder de nombrar y cesar jueces. Desde 2016, sus tres miembros son elegidos por voto popular de entre una lista de candidatos elaborada por la Asamblea Plurinacional de Bolivia.
Los tres miembros actuales, incluido el presidente, Gonzalo Alcón Aliaga son antiguos integrantes de la Administración de Morales, mientras que el tercero ha sido asesor de varios ayuntamientos gestionados por el partido gobernante, el MAS, ha apuntado HRW.
La ONG ha alertado de que "los ceses son parte de una reforma de la Justicia más amplia iniciada en 2016 y dirigida por una comisión de nueve miembros que tiene amplios poderes, incluidos los de "controlar" los nombramientos y adoptar "otras acciones necesarias". Cinco de sus miembros son también aliados de Morales, de acuerdo con HRW.
"Que los aliados de Morales hayan cesado arbitrariamente a decenas de jueces de la misma forma caprichosa en que él ha socavado la importancia de la independencia judicial debería ser un aviso para (...) la OEA", ha considerado Vivanco. "Si la gente de Bolivia ya no puede tener independencia judicial, todos sus derechos están en peligro", ha aseverado.