BUENOS AIRES, 23 Dic. (Notimérica) -
La organización no gubernamental Human Rights Watch (HRW) le ha pedido al presidente de Argentina, Mauricio Macri, la "inmediata liberación" de la dirigente política Milagro Sala, en prisión preventiva tras ser detenida en enero de este año.
Mediante una carta abierta, HRW aseguró que los cargos contra Sala por participar en una "manifestación pacífica violan el ejercicio de la libertad de expresión".
"Los señalamientos contra Sala, aún si fueran ciertos, no constituyen 'sedición' conforme a ninguna definición legítima de este delito".
Al respecto, HRW "aprovechó esta oportunidad" para instar una vez más al Gobierno de Macri a "presentar una propuesta legislativa para modificar la definición de 'sedición' en el Código Penal, con el propósito de prevenir que este tipo de casos ocurran en el futuro".
De acuerdo con la organización, el delito de sedición está definido de manera "excesivamente amplia" en el Código Penal de Argentina, lo que "facilita su uso para limitar gravemente el ejercicio de la libertad de expresión".
Asimismo, HRW celebró en su misiva la invitación del Gobierno argentino al Grupo de Trabajo y a la Comisión Internacional de Derechos Humanos (CIDH) para que hagan una visita al país y analicen el caso, pero advirtió de que esas visitas ni pueden reemplazar la liberación de la activista.
"Estas visitas no sustituyen -ni pueden permitir postergar- las medidas que su gobierno debe adoptar para cumplir a la mayor brevedad con la decisión del Grupo de Trabajo de liberar a Sala", manifestaron.
Tal y como explicó la canciller del país, Susana Malcorra, este martes en Foro América, "Argentina es un país federal y Sala está retenida en la provincia de Jujuy". Por tanto, según el Gobierno, "no es decisión de Macri porque es un asunto del poder Judicial, no del Ejecutivo, y además es de una provincia".
Al respecto, HRW espetó: "Si bien reconocemos las dificultades prácticas que plantea la estructura federal de gobierno en este caso, su gobierno tiene la responsabilidad jurídica de adoptar todas las medidas a su alcance para asegurar que Sala no permanezca detenida arbitrariamente. Las obligaciones de derechos humanos se extienden a todas las provincias o estados de una estructura federal de gobierno, sin exclusión".
"Señor presidente, la promoción y la protección de los Derechos Humanos a nivel universal se funda en el respeto a las decisiones de organismos internacionales especializados, como el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria, y en la obligación de los estados de proteger los derechos fundamentales tanto en el plano interno como en el plano internacional", sentenciaron.
EL CASO DE MILAGRO SALA
Sala, líder de la organización Tupac Amaru, una organización social con más de 70.000 afiliados, y diputada del Parlamento del MERCOSUR (Parlasur), fue detenida en Jujuy por los delitos de "instigación a cometer ilícitos y tumulto" durante unas protestas por el recorte de subsidios ante la Casa de Gobierno.
Su detención, que tuvo lugar el pasado 16 de enero, ha provocado un clima de tensión en Argentina ante el temor de que Macri reprima y criminalice la protesta social, algo que incluso Amnistía Internacional ha criticado.
La detención fue promovida por el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, quien ha vinculado a la detenida con el narcotráfico y negado que Salas se trate de una presa política, alegando "las causas de la detención son hechos y delitos comunes".
La presidencia del Parlasur ha asegurado que la detención de Sala es una obstrucción que impide que ésta cumpla su función como parlamentaria, por la que fue elegida en diciembre de 2015. El secretario general de la OEA, Luis Almagro, también pidió a Macri su liberación.
En un informe, la CIDH reiteró que la presunción de inocencia es la "base" para la regla de que toda persona sea juzgada en libertad y que la "prisión preventiva es excepcional, sólo puede extenderse por un período razonable y no puede ser usada como una medida punitiva".