MADRID, 2 Jul. (EUROPA PRESS) -
Human Rights Watch (HRW) ha reclamado este martes a la Unión Europea que imponga sanciones individuales contra el presidente nicaragüense, Daniel Ortega, y otros altos cargos vinculados a las violaciones de los Derechos Humanos cometidas en el marco de las protestas opositoras, para aumentar así la "presión" sobre el Gobierno.
"Es crucial que haya una presión internacional fuerte y persistente para que cesen los abusos generalizados en Nicaragua", ha dicho el director ejecutivo de HRW para las Américas, José Miguel Vivanco, en una carta dirigida a la Alta Representante de Política Exteriores y de Seguridad Común de la UE, Federica Mogherini.
En concreto, ha instado al bloque comunitario a adoptar medidas punitivas contra Ortega y al menos "seis funcionarios a cargo de fuerzas policiales implicadas en abusos o de un centro de detención donde se practicaron torturas o que conforme a la legislación nicaragüense tenían la obligación de investigar presuntas violaciones de derechos".
La ONG también ha pedido a la UE "supeditar toda asistencia financiera futura a la Policía Nacional de Nicaragua a que se realicen investigaciones exhaustivas de violaciones de Derechos Humanos y a esfuerzos verificables por parte de las autoridades dirigidos a desmantelar y juzgar a integrantes de las bandas armadas partidarias del Gobierno".
Según HRW, en los presupuestos nicaragüenses de 2018, 1,2 millones de dólares, del total de tres millones de dólares, destinados a la Policía Nacional procedían de donaciones de la UE. Además, Bruselas asignó ocho millones de euros a un proyecto a desarrollar entre 2014 y 2018 para combatir el crimen organizado y el consumo de drogas en Nicaragua.
Interrogados acerca de estos fondos comunitarios, un grupo de eurodiputados aseguraron a HRW en junio que en cuento empezó la crisis política en Nicaragua se interrumpió "el único proyecto que involucraba a cuerpos de seguridad". De acuerdo con su versión, ahora solo hay un proyecto en marcha que beneficia directamente a la población nicaragüense.
Vivanco ha argumentado que "Ortega no restablecerá voluntariamente las garantías básicas de Derechos Humanos que su Gobierno se esmeró en desmantelar", recordando que la presión internacional ha sido clave para que las autoridades nicaragüenses liberaran a cerca de 400 presos políticos.
"La presión que puede ejercer la Unión Europea es clave para que el Gobierno de Ortega cese los abusos y las víctimas obtengan Justicia", ha afirmado Vivanco. "Es urgente que la Unión Europea priorice redoblar la presión sobre las autoridades nicaragüenses", ha subrayado.
CRISIS POLÍTICA
La crisis estalló en abril de 2018 por las protestas contra una polémica reforma de la seguridad social, que crecieron rápidamente hasta exigir la "democratización" de Nicaragua, en lo que ha sido el mayor desafío a Ortega en sus quince años de gobierno.
Más de 300 personas murieron y otras cientos fueron detenidas. Expertos del sistema interamericano que viajaron a la nación centroamericana para constatar la situación interna han recomendado en un informe juzgar a Ortega por los crímenes de lesa humanidad cometidos en la represión de las protestas.
El líder 'sandinista' ofreció entonces un diálogo nacional que fracasó por su negativa a convocar elecciones anticipadas. En febrero, las partes acordaron retomar las conversaciones y celebraron las primeras reuniones. Sin embargo, en mayo se suspendió de nuevo por acusaciones cruzadas de incumplimiento.
La Alianza Cívica y el Gobierno llegaron a un acuerdo para liberar a un grupo de presos políticos antes del 18 de junio con miras a reanudar el diálogo. El Ejecutivo considera que ha cumplido, pero la plataforma opositora denuncia que aún hay presos políticos y que los excarcelados están sujetos a medidas cautelares.