BRUSELAS, 6 Oct. (EUROPA PRESS) -
El Tribunal de Justicia de la Unión Europa ha fallado este martes en contra de la reforma de la ley de educación superior en Hungría que forzó al cierre de la Universidad Centroeuropea (CEU) --fundada por el magnate estadounidense George Soros--, al concluir que las nuevas reglas son discriminatorias y violan la libertad académica y la libertad de establecimiento protegidas por el Derecho comunitario.
La reforma puso en cuestión la viabilidad de universidades privadas extranjeras al introducir nuevas exigencias para estos centros, incluidos para aquellos que ya obtuvieron en el pasado la autorización necesaria de las autoridades húngaras para instalarse en el país.
Entre las nuevas exigencias impuestas a las universidades de capital extranjero destaca la obligación de contar con acuerdos bilaterales entre el Budapest y el país de origen del centro en cuestión, así como la condición de desarrollar su actividad educativa también en el país de origen.
En este contexto, el Tribunal con sede en Luxemburgo considera que las condiciones introducidas por el Gobierno de Viktor Orban para permitir a instituciones extranjeras de educación superior tener actividad en Hungría son "incompatibles con el Derecho europeo".
El caso se remonta a 2017, cuando Hungría promulgó la ley en cuestión y la Comisión Europea le abrió un expediente sancionador al considerar que esta reforma suponía una violación de varias normas europeas, entre ellas la libertad de establecimiento, la libertad académica y el derecho a la libre circulación de servicios.
El TUE da la razón a Bruselas en su fallo en cuanto a que ve una "discriminación injustificada" a la libertad de establecimiento y de circulación de servicios por parte de Budapest al exigir a los centros extranjeros condiciones que no impone a las instituciones húngaras.
Además, la Justicia europea recoge en su sentencia que la reforma puede "poner en peligro la actividad académica" de las universidades extranjeras afectadas por los cambios y lo interpreta como una "injerencia" contra libertades protegidas por la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE, tales como la libertad académica.