MADRID, 14 Nov. (EUROPA PRESS) -
Los 15 ministros de Justicia y seis viceministros de distintos países de Iberoamérica reunidos en Punta del Este (Uruguay), entre los que se encuentra el ministro español Mariano Fernández Bermejo, presentaron hoy las conclusiones de los encuentros celebrados en Madrid y Guatemala sobre los Procesos de Reforma de la Justicia en Iberoamérica.
Durante el encuentro celebrado en Madrid los pasados días 22 y 23 de marzo, se incidió especialmente en el concepto de Justicia como servicio público para el ciudadano y en la dimensión social del comercio internacional, como fenómeno de transformación de las estructuras económicas que, ligadas en ocasiones a la corrupción, frustran las posibles reformas judiciales. Otros fenómenos preocupantes, como las maras o bandas juveniles, también fueron objeto de estudio por parte de los expertos reunidos en el Centro de Estudios Jurídicos (CEJ) de Madrid.
Entre los problemas regionales comunes al sector Justicia en los países iberoamericanos, se detectaron, entre otros, el ejercicio de la Justicia como una prerrogativa del Estado, no como un servicio público, y la carencia de políticas públicas a cerca del desarrollo institucional del sector Justicia. También se apreció una tendencia a burocratizar la administración de la Justicia y una creciente reducción de la confianza social en la institucionalidad de la Justicia.
Además, los expertos reunidos pusieron de manifiesto la insuficiencia de los recursos financieros públicos asignados al sector Justicia que afectan de manera negativa a la independencia judicial y a la capacidad de planificación de las instituciones del sector, y además genera un deficiente servicio que se expresa a través de una percepción social negativa.
El taller de expertos de Madrid dedicó una especial atención al acceso a la Justicia en los países iberoamericanos. La necesidad de una cultura de servicio público y mejora de la calidad de la Justicia deben terminar en estos países con el limitado acceso del usuario al sistema.
ENCUENTRO EN LA ANTIGUA
En cuanto al encuentro celebrado en La Antigua entre los días 8 y 11 de octubre de 2007, los expertos reunidos determinaron que las políticas del sistema de Justicia deben formar parte de las políticas públicas, radicando su diseño en las instituciones con responsabilidades en la materia, como los Ministerios de Justicia.
Los mismos están llamados a desempeñar un papel central, a la vez que deben asumir funciones de gobierno sobre el ámbito judicial, sin perjuicio del respeto a su independencia. Esto requiere de nuevos mecanismos de coordinación interinstitucional para llevar a cabo estos diseños.
Igualmente, se reconoce como centro de atención preferente al ciudadano, que debe recibir los servicios judiciales en condiciones de eficacia, eficiencia y calidad, facilitando el acceso a la justicia y atendiendo a una realidad compleja, que requiere soluciones integrales. Al mismo tiempo, se hace una llamada a los distintos operadores de la Justicia para asumir de forma responsable la coordinación de políticas sectoriales.
Dentro de esta área de trabajo se reconoce la importancia del presupuesto como el instrumento más importante para lograr estos objetivos. Se hace necesaria una profunda reforma, en aras a conseguir incrementar la transparencia, dotar a todos los órganos de herramientas de gestión adecuadas, mejorar la eficiencia del gasto y de los sistemas de información gerenciales, así como introducir mecanismos de incentivos y aumentar los mecanismos públicos de rendición de cuentas.
Los expertos incidieron en la necesidad de fortalecer la coordinación de los actores de la cooperación, con un mayor control de su gestión para alcanzar un óptimo rendimiento y lograr un fortalecimiento de los Sistemas de Justicia, atendiendo más a las realidades nacionales, en base a las conclusiones y lecciones aprendidas hasta el presente.
Igualmente se resaltó la necesidad de la cooperación para fortalecer la enseñanza del derecho, las escuelas de capacitación judiciales, la formación y el acceso de los abogados, así como los sistemas de Defensa Pública y los sistemas penitenciarios.
Para lograr estos objetivos, el Taller de evaluación de La Antigua propuso la participación amplia de instituciones estatales, privadas y no estatales, con una participación más efectiva de Universidades y centros de pensamiento, así como la promoción de la capacitación de los comunicadores sociales en estas materias.
También se indicaron como medidas necesarias el establecimiento de unos estándares mínimos en las reformas normativas, considerándolas como un elemento de presencia permanente y dando un mayor uso a la oralidad en el proceso.
Se abogó por un método de trabajo efectivo que produzca prontos resultados, con el trabajo de un grupo de especialistas permanentes. Sin descuidar la promoción de una cultura de medición, seguimiento y evaluación constante, aunque sin olvidar, en todo caso, las propias especificidades de cada país.
Los expertos reunidos en Guatemala asumieron la necesidad de un cambio sustancial para dar respuesta a las nuevas exigencias de los usuarios (celeridad en la solución del conflicto, mejor atención del usuario, comprensión de la justicia). En este sentido, la planificación de la justicia debe ocupar un lugar preferente, teniendo en cuenta que su función principal es resolver los conflictos.