MADRID, 30 Oct. (EUROPA PRESS) -
La ONG Human Rights Watch (HRW) ha denunciado este jueves al Gobierno indio por utilizar "operaciones antiterroristas" para silenciar a disidentes pacíficos, activistas de Derechos Humanos y periodistas, después de las redadas que los últimos días se han llevado a cabo en las oficinas de ONG, casas de activistas y redacciones de diarios.
Estas redadas, ha criticado HRW, forman parte de "una campaña de represión del partido gobernante", Bharatiya Janata Party (BJP), contra grupos de la sociedad civil, ya que las autoridades han presentado cada vez más casos penales por motivos políticos, aplicando en algunos casos las leyes de terrorismo y sedición.
Activistas, periodistas, académicos, estudiantes, entre otros, han sido víctima de este proceder por parte del Gobierno indio, que también ha utilizado de pretexto la regulación sobre financiación extranjera para atacar a grupos por su defensa en materia de Derechos Humanos.
La Ley de regulación de las contribuciones extranjeras, que hace un seguimiento de las subvenciones de los donantes extranjeros a las organizaciones que cuestionan o critican las políticas del Gobierno es empleada para obstaculizar sus actividades y acabar con estos fondos, denuncia HRW.
La ONG destaca que este mismo mes de octubre la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, se mostró preocupada ante este recurso, empleado para "disuadir o castigar" a los críticos, mientras que lamentó el uso de la ley antiterrorista contra activistas por participar en protestas.
"La India se enfrenta a graves problemas de seguridad, pero en lugar de abordar los problemas de una manera que respete los derechos, las autoridades parecen decididas a aplastar las críticas pacíficas y los llamamientos a la rendición de cuentas", ha incidido el director para Asia Meridional de Human Rights Watch, Meenakshi Ganguly.
En este sentido, HRW pide dejar de utilizar "tácticas autoritarias contra los críticos y contra los periodistas".
La Agencia Nacional de Investigación, el organismo que ha llevado a cabo las redadas que denuncia la ONG, los acusa de "recaudar fondos en la India y en el extranjero en nombre de actividades caritativas y luego utilizar esos fondos para llevar a cabo actividades secesionistas y separatistas en Jammu y Cachemira".
En estos territorios, y aunque el Gobierno ha suavizado algunas restricciones durante este año, sigue imponiendo políticas discriminatorias en las zonas de mayoría musulmana, en las que centenares de personas siguen detenidas y los sectores críticos están bajo amenaza de ser detenidos, mientras que el acceso a internet es limitado.
Las redadas, añade HRW, han sido condenadas por la comunidad internacional, poniendo el ejemplo del Observatorio para la Protección de los Defensores de los Derechos Humanos, que ha mostrado preocupación ante "estos nuevos actos de hostigamiento, que parecen tener como único objetivo castigar e intimidar", así como "a silenciar a los periodistas y a frenar la libertad de prensa".
Entre las personas cuyas casas u oficinas han sido allanadas se encuentran miembros de la Coalición de la Sociedad Civil de Jammu y Cachemira, así como la presidenta de la Asociación de Padres de Personas Desaparecidas.
El ANI también ha allanado la casa de Parvaiz Bukhari de la Agencia France-Presse, la redacción del diario 'Gran Cachemira' y la oficina de la ONG Athrout, entre otras organizaciones.