YAKARTA, 27 Sep. (DPA/EP) -
El estudiante que había resultado gravemente herido el jueves durante un enfrentamiento con la Policía de Indonesia en la isla de Sulawesi (Célebes), en el marco de una protesta contra el Gobierno por una polémica propuesta de reforma al Código Penal, ha fallecido este viernes por la mañana, elevando a dos el número de muertes durante esta semana de protestas.
Durante la protesta, el estudiante Immawan Randi murió por un disparo en el pecho, según las autoridades. "Esta mañana, otro estudiante, murió por la herida que tenía en la cabeza", ha lamentado el Defensor del Pueblo provincial, Mastri Susilo. El manifestante fallecido el viernes ha sido identificado como Yusuf Qardhawi.
El presidente de Indonesia, Joko Widodo, ha expresado sus condolencias por la muerte de los estudiantes y ha instado a que la Policía investigue los hechos. "Que todo por lo que lucharon Randi y Yusuf sea beneficioso para esta nación y que se les conceda un lugar especial en el más allá", ha deseado Widodo, a la vez que ha exigido que "si hay alguna violación del procedimiento (policial), los responsables deben ser castigados".
Durante esta semana, decenas de miles de estudiantes indonesios han participado en manifestaciones diarias, que se han vuelto muy violentas, para exigir que no se aplique la revisión del Código Penal. El Parlamento decidió la semana pasada posponer la votación sobre el cambio, que debía realizarse el martes, a petición del presidente Widodo.
La violencia en Célebes sigue al incidente de Yakarta del pasado martes, cuando miles de estudiantes incendiaron varios edificios, lo que resultó en un enfrentamiento con la Policía que se saldó con 260 estudiantes y 39 agentes de seguridad heridos.
La propuesta de la reforma del Código Penal tipifica como delito el sexo fuera del matrimonio y lo castiga con un año de cárcel, así como la convivencia de la pareja fuera del matrimonio, sancionada con hasta seis meses. El aborto sería penalizado con hasta cuatro años de prisión en ausencia de emergencia médica o violación. La 'magia negra' también entraría en la categoría de delitos con pena de cárcel.
Los insultos al presidente o vicepresidente volverían a estar penados con hasta cuatro años y medio de prisión, pese a que había sido despenalizado por el Tribunal Constitucional en 2016.
Los manifestantes también exigen al Gobierno que se derogue la reciente reforma de la ley que regula la Comisión Anticorrupción, por considerarla una pérdida de autonomía del organismo.
También exigen que militares y policías dejen de tener tanta presencia en la política, y la liberación de los detenidos por el conflicto separatista papú, así como acciones efectivas contra los incendios forestales.