MADRID, 14 May. (EUROPA PRESS) -
La ONG Human Rights Watch (HRW) ha pedido este jueves al nuevo Gobierno de Irak, encabezado por el nuevo primer ministro, Mustafá al Kazemi, que lleve a cabo una reforma legislativa para solucionar las "deficiencias" en materia de Derechos Humanos de su sistema legal.
"Irak ha entrado en una nueva fase, con la lucha contra Estado Islámico terminada en gran parte", ha indicado la investigadora sénior de crisis y conflictos de HRW, Belkis Wille. "El Gobierno debe aprovechar esta oportunidad para centrarse en proteger los derechos básicos de los iraquíes y llevar a Irak leyes alineadas con los estándares internacionales", ha agregado.
HRW ha identificado cuatro áreas clave para fortalecer los Derechos Humanos en Irak alrededor de las que gobiernos y parlamentos anteriores han redactado y revisado propuestas legislativas que finalmente no fueron aprobadas. Se trata de la representación legal, la tortura, la desaparición forzada y la violencia machista.
En cuanto a la representación legal, la organización se ha referido a las enmiendas introducidas el 29 de marzo de 2018, antes de las elecciones de ese año, a la Ley del Colegio de Abogados de 1965 que el parlamento anterior al actual terminó de revisar de una manera inicial. Las enmiendas en cuestión garantizarían a los investigados la presencia de su abogado durante un interrogatorio.
La Constitución de Irak garantiza a las personas detenidas que puedan elegir sus propios abogados o a pedir que el Gobierno les asigne uno de oficio, que tendrá permitido estar presente durante todo el período de investigación. Sin embargo, HRW ha afirmado que detenidos y abogados les han narrado durante años que los últimos no pueden estar presentes durante los interrogatorios. "El comité legal del Parlamento debe apoyar la aprobación de la ley", ha considerado la ONG.
En referencia a la tortura, un grupo de parlamentarios preparó un proyecto de ley contra la misma en mayo de 2017. Según HRW, la ley requería que un juez ordenara un examen médico a los detenidos que alegaran tortura dentro de las 24 horas posteriores al conocimiento de la denuncia, cosa que a menudo no ocurre, ha puntualizado el organismo.
Además, el proyecto de ley también establece sanciones penales para aquellos que torturan a una persona bajo custodia, pide a los jueces que desestimen todas las pruebas conseguidas a través de este método y se despida a la persona que presuntamente lo haya utilizado. También, prevé que haya un abogado con los detenidos durante los interrogatorios.
"La aprobación de este proyecto de ley ayudará a abordar el uso extensivo de la tortura para extraer confesiones", ha indicado HRW. "El Gobierno debe volver a presentarlo al Parlamento para su revisión", ha agregado.
DESAPARICIONES FORZADAS
Por su parte, el organismo ha abordado las desapariciones forzadas y ha recordado que, en mayo de 2017, un grupo de parlamentarios prepararon un proyecto de ley para proteger a las personas contra las mismas. El proyecto de ley en cuestión convertiría la desaparición forzada en un delito distinto según la ley iraquí.
La Comisión Internacional de Personas Desaparecidas, que ha estado trabajando con el Gobierno iraquí para ayudar a recuperar e identificar los desaparecidos, estima que el número de personas desaparecidas en Irak podría oscilar entre 250.000 y un millón. De hecho, el Comité Internacional de Cruz Roja afirma que Irak tiene el mayor número de personas desaparecidas del mundo.
Así, algunos de ellos están sujetos a desapariciones forzadas, incluidos algunos participantes en las protestas que comenzaron a registrarse en el país en octubre de 2019.
Según HRW, desde 2014, las fuerzas militares y de seguridad iraquíes han hecho desaparecer a cientos de personas, en su mayoría hombres y niños suníes, a menudo durante operaciones antiterroristas. El proyecto de ley de 2017 exige una restitución adecuada para las víctimas de desaparición forzosa y sus familias y el organismo ha pedido al Gobierno volver a presentarlo de nuevo.
CORONAVIRUS Y VIOLENCIA MACHISTA
Por otra parte, HRW también ha mencionado la crisis desatada por la pandemia de la Covid-19 en el contexto de las cárceles iraquíes. Ya envió una carta al nuevo Ejecutivo iraquí instándole a tomar medidas para reducir la cantidad de personas que hay en las prisiones, con el objetivo de evitar la propagación de la enfermedad.
"Durante años, HRW ha documentado el hacinamiento en las cárceles iraquíes en condiciones extremadamente insalubres. Los informes de los medios alegan que las autoridades liberaron a 20.000 prisioneros en abril como medida preventiva, pero no han compartido ninguna información pública sobre qué detenidos fueron seleccionados para su liberación y los criterios para seleccionarlos", ha detallado.
Por último, a juicio de la ONG, el Gobierno debe enmendar el proyecto de ley contra la violencia machista y volver a presentarlo al Parlamento. Este incluye disposiciones para instaurar servicios para las supervivientes, refugios, órdenes de protección y restricción, sanciones por su incumplimiento y el establecimiento de un comité interministerial para combatir la violencia machista.
"En los últimos años, la seguridad ha dominado la agenda legislativa gubernamental en Irak", ha denunciado Wille. "Bajo este nuevo Gobierno, los Derechos Humanos deberían ser la prioridad", ha zanjado.