CARACAS, 6 Sep. (Notimérica) -
El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Venezuela declaró nulos este lunes todos los actos de la Asamblea Nacional, la cual la mayoría es opositora, mientras se mantenga la "rebeldía" ante la Sala Electoral, que ordenó suspender a tres diputados electos del estado de Amazonas hasta que se aclaren las presuntas irregularidades en esos comicios.
"Resultan manifiestamente inconstitucionales y, por ende, absolutamente nulos y carentes de toda vigencia y eficacia jurídica, los actos emanados de la Asamblea Nacional, incluyendo las leyes que sean sancionadas, mientras se mantenga el desacato a la Sala Electoral", señaló el TSJ y según recoge el diario venezolano 'En País Zeta'.
Los legisladores indígenas Nirma Guarulla, Julio Ygarza y Rommel Guzamana fueron denunciados por la Sala Constitucional ante el máximo Tribunal de Justicia por una supuesta compra de votos en su elección.
A pesar de la suspensión, la directiva de la Asamblea Nacional decidió jurar a los tres diputados de Amazonas el pasado 28 de julio, hasta que finalmente la Sala Electoral del Tribunal Supremo de la Justicia venezolana declaró a inicios de agosto que esta elección "carece de validez, existencia y eficacia jurídida".
El enfrentamiento entre los dos poderes públicos en Venezuela se intensificó este lunes cuando la Sala Constitucional declaró nula una reforma a la ley que le reserva al Estado las actividades de exploración y explotación de oro y la cual fue aprobada el mes pasado por la mayoría opositora de la Asamblea Nacional. Así como todas las leyes sancionadas desde el 28 de julio, fecha en la que se decidió incorporar a los tres diputados a pesar de sus sanción.
La oposición, que asumuió en enero el control del Congreso que por 17 años fue manejado por el 'oficialismo', ha emitido unas 19 sentencias contra leyes y acuerdos que han sido aprobados.
Por su parte, los diputados chavistas denuncian con frecuencia la ilegalidad de distintas medidas de la Asamblea Nacional, lo cual ha llevado al TSJ a anular varias decisiones tomadas por los parlamentarios, declarándolas inconstitucionales.