LA HABANA, 14 May. (Notimérica) -
El Departamento de Estado norteamericano anunció el pasado mes de marzo que ciudadanos estadounidenses podrán demandar a empresas y otras entidades cubanas que estén controladas por el Ejército cubano en una ampliación de la Ley para la Libertad y la Solidaridad Democrática Cubana.
La decisión, anunciada en un comunicado oficial, está amparada por la Ley Helms-Burton, cuyo título III permite reclamar ante cortes de EEUU propiedades que fueron confiscadas tras el ascenso de Fidel Castro al poder. Este artículo en concreto fue objeto de una querella presentada hace 22 años por la Unión Europea ante la Organización Mundial del Comercio, y Washington accedió a suspenderlo a cambio de paralizar el trámite judicial.
Para contrarrestar la Helms-Burton, el Gobierno cubano podría aplicar una ley conocida en Cuba como "ley de reafirmación de la dignidad y la soberanía", que funcionaría como "muro" cubano contra el título III de la ley estadounidense.
El 16 de febrero de 1999 la Asamblea Nacional del Poder Popular en La Habana aprobó el antídoto cubano contra los efectos de la ley Helms-Burton: la Ley 80.
Tres años después de que el expresidente de EEUU, Bill Clinton, aprobara una legislación para frenar la entrada de capitales extranjeros en la isla, los cubanos respondían protegiendo a sus inversionistas de otros países.
Con la caída de la Unión Soviética (1990), el pueblo cubano vivió una grave crisis económica conocida como "Período Especial", un bache en la construcción del socialismo que marcó el desarrollo económico del país. La salida de esta etapa crítica estaba en la inversión extranjera, y Europa y Canadá parecían los mercados más prometedores.
"La ley Helms-Burton hace un llamado a la persecución a todos los entes y personas jurídicas que tengan intercambio comercial con Cuba, y específicamente, el Título III llama a la imposición de sanciones. Por su parte, la ley 80 en Cuba tiene como fin sancionar aquellos hechos dirigidos a apoyar o colaborar con los objetivos de la ley Helms-Burton y proteger a nuestros inversionistas", explicó el presidente de la Unión de Juristas de Cuba José Alexis Ginarte a la agencia 'Sputnik'.
Desde su artículo primero, la Ley 80 declara ilícita la aplicación de la Helms-Burton en el territorio nacional y por consiguiente "considera nula toda reclamación amparada en ella de persona natural o jurídica, cualquiera que fuere su ciudadanía o nacionalidad", añadió el experto.
Del mismo modo, esta ley cubana enumera un grupo de actividades que van dirigidas a suministrar, por ejemplo, información sobre las relaciones comerciales de Cuba con empresas extranjeras. "Todo el que incurra en esta conducta tiene una sanción de privación de libertad de siete a 15 años", señaló Ginarte.
"El espíritu de la ley tiene el fin de proteger la economía de Cuba, por lo tanto todo el que atente contra ello dándole información al Gobierno de EEUU, puede incurrir en este tipo de sanción", advirtió el jurista.
Además, la ley 80 sanciona a aquellos ciudadanos que utilicen la aplicación del título III de la ley Helms-Burton y su contenido, por lo que estos demandantes podrán ser juzgados por los tribunales cubanos.
Asimismo, esta mantiene plena vigencia y está en correspondencia con la nueva Constitución cubana. "Desde su aprobación no ha sufrido ninguna modificación porque mientras prevalezca la ley Helms-Burton, prevalecerá su antídoto, y su aplicación es inminente", destacó Ginarte.