SAN SALVADOR, 15 Jul. (Notimérica) -
Este miércoles, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de El Salvador declaró inconstitucional la Ley de Amnistía de 1993, una medida que ha sido tomada por muchos como una nueva oportunidad de hacer justicia por los 12 años de conflicto interno en el país centroamericano.
De acuerdo con el Supremo salvadoreño, se trataba de una legislación "contraria al derecho de acceso a la justicia, a la tutela judicial o protección de los derechos fundamentales y al derecho a la reparación integral de las víctimas de los crímenes de lesa humanidad y de guerra".
Esta ley dejaba impunes a los involucrados en la guerra vivida en El Salvador que, según datos de la Comisión de Verdad de Naciones Unidas en el país, dejó entre 1980 y 1992 un saldo de 75.000 muertos, 8.000 desaparecidos y una estela de casos sin juzgar.
Si bien la adopción de amnistías está permitida por el Derecho internacional y por la propia Constitución salvadoreña, el Tribunal denunció que en los Acuerdos de Paz de 1992 "no se hizo alusión expresa" a la misma, y en la Ley de Reconciliación Nacional, firmada tan sólo unos días después, se contemplaba que aquellas personas que hubieran participado "en graves hechos de violencia" no podrían gozar de este privilegio.
No obstante, la Ley de Amnistía favorecía a estos últimos que, hasta el momento, no han sido juzgados. Con la decisión del Supremo, la legislación seguirá pudiendo aplicarse y favoreciendo "a quienes no hayan participado en hechos que constituyan crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra constitutivos de graves violaciones al Derecho Internacional Humanitario".
Así, se excluyen "los casos contenidos en el informe de la Comisión de la Verdad, así como aquellos otros de igual o mayor gravedad y trascendencia que pudieran ser imputados a ambas partes".
Esta medida abre de nuevo una herida del Estado que nunca curó del todo. "El país entero está a la expectativa de qué es lo que pueda pasar, va a tener consecuencias definitivamente", le dijo a 'BBC Mundo' el magistrado de la Corte entre 1994 y 2003 René Hernández Valiente.
"Esto va a sacudir a nuestra sociedad, pero es una oportunidad para seguir construyendo la democracia que tanto anhelamos y el estado de Derecho", agregó.
No obstante, desde el Gobierno no apoyan la acción del Supremo. Así lo manifestó el ministro de Defensa de El Salvador, David Munguía Payés, quien aseguró que es un error declarar inconstitucional la Ley de Amnistía. "Espero que esto no se convierta en una cacería de brujas", apuntó.
"No quiero pensar que la derogatoria de la ley podría poner al país de cabeza", añadió.
Entretanto, organismos como Amnistía Internacional han aplaudido la decisión del Tribunal salvadoreño, calificándola de "histórica" y de "gran paso para la Justicia".
"Es un día histórico para los Derechos Humanos en El Salvador. Al darle la espalda a una ley que no ha hecho más que dejar que criminales se mantengan impunes durante décadas después de haber cometido violaciones de los Derechos Humanos, el país está lidiando por fin con su trágico pasado", declaró la directora de la organización en el continente americano, Erika Guevara-Rosas.
"El Salvador no debe malgastar ni un solo minuto y debe llevar a todos los responsables de los miles de asesinatos y desapariciones forzadas que fueron cometidos durante el conflicto armado ante la Justicia", señaló en un comunicado. "La justicia, verdad y reparación de las víctimas no deben esperar ni un minuto más", sentenció.
EL CONFLICTO INTERNO SALVADOREÑO
Tras el fin de la Guerra Civil en 1992, el informe de la comisión, titulado 'De la locura a la esperanza: la guerra de los 12 años en El Salvador' publicó los testimonios de personas vinculadas a más de 15.000 víctimas y cerca de 23.000 denuncias.
De todos estos casos se seleccionaron 32 considerados ejemplos de los patrones de violencia llevados a cabo tanto por las Fuerzas Armadas, como por los conocidos como escuadrones de la muerte y la guerrilla del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN).
La Ley de Amnistía se aprobó días después de ser publicado el informe de la Comisión de la Verdad.