Por Marco Aquino
YURIMAGUAS, Perú (Reuters/EP) - Las fuerzas de seguridad peruanas liberaron a 22 policías que habían sido tomados como rehenes por grupos indígenas en la Amazonía, en un operativo que dejó nueve efectivos muertos y elevó a 42 el número de víctimas fatales tras violentos enfrentamientos.
Los choques entre la policía y los indígenas peruanos son los peores disturbios vistos en el actual mandato del presidente Alan García y han aumentado la presión sobre su Gobierno.
El jefe del Estado Mayor de la Policía Nacional, general Martín Hidalgo, dijo que la operación de rescate realizada en la localidad amazónica de Bagua estuvo a cargo de un grupo combinado de la policía y del Ejército, donde murieron nueve policías, mientras que siete permanecían desaparecidos.
Hidalgo no precisó si había indígenas muertos.
"El contricante es un oponente que ha tenido preparación militar", señaló Hidalgo.
Mientras en la región de Loreto, nativos amazónicos que buscan que el Gobierno derogue leyes que afirman vulneran sus territorios permanecían en pie de guerra, bloqueando unos 10 kilómetros de la carretera de la localidad de Yurimaguas.
Vestidos con túnicas marrones y portando lanzas, miles de indígenas estaban apostados en la carretera, con algunas mujeres y niños dispuestos a enfrentarse con las fuerzas de seguridad para evitar que esta principal vía sea despejada.
"Nosotros tenemos armas originarias que nuestros padres nos han dejado como herencia para la defensa. Estas son lanzas, no tenemos armas de fuego", dijo el dirigente de la etnia shawi, Luis Huansi.
Alrededor de 8.500 indígenas, la mayoría hombres y algunos jóvenes, durmieron a un lado de la carretera y junto a las montañas en carpas artesanales armadas con palos, telas y plásticos.
Los grupos indígenas, ante el temor de perder el control sobre los recursos naturales, han protestado desde abril para obligar al Congreso a derogar varias leyes aprobadas por el Gobierno el año pasado, dirigidas a incentivar la inversión privada en zonas ricas en petróleo y gas.
La policía también informó el sábado que recuperó una estación petrolera de la estatal Petroperú en Bagua, que habían tomado los indígenas y que amenazaron con incediar en demanda de que el Gobierno cese sus operativos para despejar semanas de bloqueos a carreteras y ríos, que han afectado los suministros de alimentos y combustibles.
La violencia se inició el viernes en la región cuando la policía intentaba dispersar un bloqueo en el estrecho camino llamado "Curva del Diablo" de la localidad de Bagua Grande, unos 1.400 kilómetros al norte de Lima.
En la víspera, los líderes indígenas afirmaron que al menos 22 nativos han muerto. El Gobierno reportó el fallecimiento de sólo tres manifestantes y 11 policías. Al menos 100 personas resultaron heridas y parecía que los choques continuarían.
DIVISION SOCIAL
La violencia, que provocó llamados a la renuncia del primer ministro, Yehude Simon, y de la ministra del Interior, Mercedes Cabanillas, destacó las profundas divisiones sociales en Perú entre la elite adinerada de Lima y los grupos indígenas pobres que viven en las zonas rurales.
También expuso la falta de control del Gobierno central sobre las regiones más remotas del país.
El viernes por la noche en un incidente por separado, el Ejército dijo que un soldado murió y cuatro resultaron heridos cuando remanentes del grupo guerrillero Sendero Luminoso pusieron explosivos en uno de los helicópteros situados en las zonas de los valles de Apurímac y Ene, al este de Lima.
El grupo ha llevado adelante una campaña de insurgencia contra el Gobierno de Perú, pero se involucró en el narcotráfico luego de que sus líderes fueran capturados en la década de 1990.
García, cuyos índices de aprobación llegan al 30 por ciento, no posee apoyo masivo en las áreas rurales, especialmente en el Amazonas.
Sus críticos sostienen que no ha hecho lo suficiente por aliviar el nivel de pobreza del 36 por ciento, y que el boom económico que disfrutó Perú antes de la recesión mundial no mejoró las condiciones de los grupos con menos recursos.
Algunas de las leyes que han irritado a los nativos fueron aprobadas el año pasado por García para cumplir con el marco legal de un tratado de libre comercio con Estados Unidos.
Luego de los mortales enfrentamientos del viernes, miembros del Gabinete de García acusaron a los manifestantes de ser inflexibles y de rehusarse a negociar e impusieron un toque de queda en Bagua.
Los líderes indígenas dijeron que los aliados de García actuaron de mala fe cuando el jueves bloquearon una moción en el Congreso para debatir sobre la anulación de la ley que reclaman sea derogada.
"Yo quiero responsabilizar al Gobierno del presidente Alan García por ordenar el genocidio", expresó el viernes el líder indígena Alberto Pizango a periodistas en Lima.
Pizango permanecía el sábado escondido por una orden de captura en su contra.