MADRID, 14 Feb. (EUROPA PRESS) -
La Organización Human Rights Watch (HRW) ha denunciado este jueves que las fuerzas afiliadas al Ejército Nacional Libio, a las órdenes del mariscal de campo Jalifa Haftar, usaron bombas de racimo, que están prohibidas, en un área residencial de la capital, Trípoli.
En concreto, las fuerzas de Haftar y sus apoyos internacionales llevaron a cabo un ataque en la mencionada zona, en los suburbios del sur de la ciudad, el 2 de diciembre o alrededor de esa fecha. No se reportaron víctimas como consecuencia del mismo.
Así, HRW visitó la zona el 17 de diciembre y encontró restos de dos bombas de racimo, además de evidencias de que también se usaron bombas lanzadas desde el aire con alta potencia. Según la organización, no se tenía constancia de que el área estuviera contaminada de bombas de racimo antes del ataque en cuestión.
El área afectada comprendía un total de 17.000 metros cuadrados de terreno residencial, agrícola y otra parte en la que no había nada. Otra sección de carga de las bombas de racimo impactó en una carretera.
Por otra parte, el organismo ha especificado que el 5 de febrero se puso en contacto con la oficina del portavoz del Ejército Nacional Libio y le informó del hallazgo de pruebas que demostraban el uso de este tipo de munición. No han obtenido respuesta.
"El uso de bombas de racimo muestra un desprecio temerario por la seguridad de los civiles", ha indicado el director de la división de armas de HRW y el presidente de la Coalición de Municiones de Racimo, Stephen Goose. "Las municiones de racimo nunca deben ser usadas por nadie bajo ninguna circunstancia debido al daño previsible e inaceptable para los civiles", ha zanjado.
La Convención sobre Municiones de Racimo de 2008, ratificada por 108 países, prohíbe su uso, exige su autorización y la asistencia a las víctimas. Libia no se unió al tratado, pero todas las partes involucradas en el conflicto libio deben cumplir la norma contra cualquier uso de bombas de racimo en cualquier circunstancia.
Las bombas de racimo están prohibidas por su efecto indiscriminado y porque conllevan un peligro duradero para los civiles. Por lo general, explotan en el aire y envían docenas, incluso cientos, de pequeñas bombas sobre un área que puede comprender el tamaño de un campo de fútbol. Las submuniciones de racimo a menudo no explotan en el impacto inicial, dejando restos que actúan como minas terrestres.
En el pasado también se tiene constancia del uso de bombas de racimo, incluso durante el levantamiento de 2011 que puso fin al mandato de 42 años de Muamar Gadafi.
HRW ha insistido en que ha documentado el uso de estas armas en Libia en los últimos años, pero que debido a los "numerosos grupos armados involucrados" durante este período, ha sido "difícil" confirmar "de manera independiente" ataques específicos o quién puede ser responsable de los mismos.
OFENSIVA CONTRA TRÍPOLI
Haftar lanzó en abril su ofensiva contra el Gobierno de Trípoli, especialmente en la capital, durante una visita al país del secretario general de la ONU, António Guterres, y diez días antes del inicio de una conferencia nacional que estaba en el centro del proceso de paz impulsado por el enviado especial del organismo internacional para Libia, Ghasán Salamé.
La crisis ha alcanzado su punto álgido con la internacionalización del asedio que Haftar, brazo armado del gobierno paralelo del este de Libia, lleva manteniendo sobre Trípoli desde el pasado mes de abril con el apoyo de Rusia, Emiratos y Egipto.
El Gobierno libio de la capital está respaldado por países como Turquía, con la que ha firmado un pacto específico de seguridad.
Por su parte, la ONU aprobó el miércoles una resolución que respalda los resultados de la conferencia de paz de Berlín sobre el conflicto de Libia y pidió un alto el fuego "permanente". La conferencia de Berlín dio como resultado un "pacto integral" que incluía un alto el fuego y la formación de una comisión militar de verificación integrada por ambos bandos para velar por su cumplimiento.
También se llegó a un acuerdo para la desmovilización y el desarme de las milicias y sanciones concretas en caso de incumplimiento del alto el fuego, ya que todas las partes coinciden en que no cabe una solución militar que solo incrementaría el sufrimiento de la población.
El conflicto en Libia se ha saldado, hasta ahora, con cientos de civiles muertos y heridos y más de 120.000 desplazados.