MADRID, 6 Feb. (EUROPA PRESS) -
El ex presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva ha sido condenado este miércoles a doce años y once meses de cárcel por las reformas que las constructoras OAS y Odebrecht hicieron en una propiedad rural atribuida al líder izquierdista en Atibaia, Sao Paulo, como pago a sus favores políticos.
Lula ha negado siempre que Atibaia fuera suyo, admitiendo solamente que iba allí con su familia. Sin embargo, la jueza Gabriela Hardt ha considerado acreditado que le pertenece. De hecho, las obras de reforma fueron para "responder a las necesidades de la familia del ex presidente", sostienen los investigadores.
Hardt también ha dado por probado que Lula "tenía pleno conocimiento de que OAS era una de las empresas que participaban en el esquema ilegal que culminó en (...) el pago de propinas en las grandes obras licitadas por su Gobierno, en especial en Petrobras". "Contribuyó directamente al mantenimiento del esquema ilegal", ha aseverado.
La Policía Federal cifró en 1,7 millones de reales (unos 400.000 euros) el beneficio obtenido por Lula por la compra de Atibaia, 1,1 millones de reales (260.000 euros), y las obras, 544.800 reales (130.000 euros). Hardt ha corroborado 170.000 reales (40.000 euros) de "ventajas indebidas" a favor del antiguo jefe de Estado a través de OAS.
El fallo dictado este miércoles por la jueza Hardt no es definitivo, por lo que la defensa del que fuera dirigente sindical podría presentar recurso, como ha hecho en otras causas judiciales, según informa el rotativo brasileño 'Folha'.
Lula está en la cárcel de Curitiba desde el pasado mes de abril por otra condena a doce años de prisión por aceptar un tríplex de lujo en Sao Paulo de OAS también como pago a sus favores políticos. Ambos casos se enmarcan en la macro causa 'Lava Jato', donde se investiga una red de cobro de sobornos a cambio de la adjudicación de contratos públicos.
El ex inquilino del Palacio de Planalto ha sido imputado en otros cinco casos derivados de 'Lava Jato' y tiene tres denuncias pendientes. El pasado mes de diciembre fue acusado de otro cargo de blanqueo de capitales por sus supuestas gestiones para favorecer negocios en Guinea Ecuatorial.