MADRID, 22 Ene. (EUROPA PRESS) -
El presidente de Argentina, Mauricio Macri, ha emitido este martes un decreto para devolver a las arcas del Estado el dinero perdido por la corrupción que ha desatado la polémica porque se ha saltado con ello al Congreso, donde la medida estaba estancada porque no exige una sentencia firme.
La extinción de dominio se ha publicado este martes en forma de un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) en el Boletín Oficial para que los bienes obtenidos ilícitamente, por ejemplo, a través de la corrupción o el narcotráfico, vuelvan al patrimonio estatal.
Uno de los puntos más cuestionados es que el Estado podrá actuar sin que haya una sentencia firme, por lo que el acusado tendrá que "demostrar el origen lícito de los fondos". Si finalmente es inocente, se le restituirán dichos bienes y "de resultar imposible, entregarle un valor equivalente en dinero", reza el DNU.
Otro foco de polémica es el hecho de que el Gobierno haya decidido actuar mediante un DNU saltándose al Congreso, donde ya se ha debatido un proyecto de ley similar que no ha logrado el visto bueno de diputados y senadores, según informa el diario argentino 'Clarín'.
El ministro de Interior, Rogelio Frigerio, ha defendido en rueda de prensa que el Gobierno ha optado por el DNU porque "en tres años no se pudo discutir y transformarlo en ley" en el Congreso. "Entendemos que es una herramienta fundamental para que los argentinos podamos recuperar lo que se robó la corrupción", ha dicho.
Además, ha asegurado que el Gobierno está dispuesto a trasladar el debate al Congreso "si hay consenso". "Hasta ahora no pudimos llegar a un acuerdo y la Argentina necesita esa herramienta para recuperar lo robado. Por supuesto que si hay una decisión en el Congreso para transformarlo en ley, bienvenido sea", ha declarado.
La ex presidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner y varios de sus ex ministros están siendo investigados en varios casos de corrupción que ellos atribuyen a una "persecución política" por parte de Macri, que les desahució de la Casa Rosada en 2015 tras doce años de gobiernos 'kirchneristas'.