MADRID, 28 Ago. (EUROPA PRESS) -
La ONG Human Rights Watch (HRW) ha solicitado al Consejo Nacional para la Salvación del Pueblo (CNSP), la junta militar que gobierna Malí tras forzar la dimisión del expresidente Ibrahim Boubacar Keita, que respete "plenamente los Derechos Humanos y la independencia judicial", y actúe "sin demora" para que vuelva a ser un gobierno civil democrático quien rija la vida política del país africano.
El 18 de agosto de 2020, una parte del Ejército de Malí detuvo a parte del gobierno, entre ellos al presidente Keita, a quien se le forzó a dejar el cargo, después de varios meses de protestas en calles del país, en especial en las de la capita Bamako.
Una amplia coalición de partidos de la oposición, así como líderes religiosos y grupos civiles protestaron durante más de dos meses por los altos índices de desempleo, la corrupción del Gobierno y por la inestabilidad en el norte y en el centro de Malí, en donde el Ejército, junto con una coalición internacional, combate contra grupos terroristas afiliados a Estado Islámico (EI) o a Al Qaeda.
"El deterioro del clima de seguridad y de Derechos Humanos de Malí no ha cambiado fundamentalmente debido a un cambio de gobierno", ha señalado la directora de HRW para el Sahel, Corinne Dufka, para quien es fundamental que durante la transición se "respeten escrupulosamente los DDHH y la independencia del poder judicial"
Dufkaa ha pedido a la junta castrense que durante ese periodo también muestre su apoyo a las investigaciones que se lleven a cabo para depurar responsabilidades de las "atrocidades pasadas" que se produjeron por todo el país, incluyendo a aquellas en las que el propio Ejército de Malí pudo estar implicado.
En cuanto a la situación de los detenidos, la ONG insiste en que "las autoridades deben garantizar su trato humano, como lo exigen los gobiernos socios, Naciones Unidas y la Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos", permitiendo "el acceso de los abogados y miembros de la familia, presentar cargos legalmente reconocibles y poner en libertad a quienes permanezcan detenidos".
En ese sentido el CNSP ya ha confirmado en las últimas horas la liberación de Keita, quien ha sido trasladado a su residencia, aunque, los militares han matizado que el expresidente sigue bajo vigilancia. En cuanto al primer ministro Boubou Cissé, detenido junto a otros altos cargos el pasado 18 de agosto, también podría ser liberado próximamente, según ha adelantado la junta.
HRW ha recordado que "la historia reciente de Malí ha estado marcada por masacres y otras atrocidades" desde el año 2012, en el que también hubo un golpe de Estado, coincidiendo con la toma de las regiones del norte por parte de grupos armados vinculados a Al Qaeda, con una intervención militar internacional liderada por Francia en 2013 incluida.
HRW ha denunciado que desde 2015 ha documentado ampliamente una serie de violaciones graves contra el Derecho Internacional y los Derechos Humanos, no solamente cometidos por grupos terroristas de corte islamista, sino también por las fuerzas de seguridad del Estado y otros grupos armados irregulares.
"La historia reciente de Malí ha estado marcada por masacres y otras atrocidades por parte de fuerzas que matan, queman y saquean sin temor a que se les pida cuentas", ha revelado Dufka.
"Este clima de impunidad alimenta el apoyo a las milicias abusivas, socava el desarrollo y la confianza en las instituciones estatales", ha señalado.
De acuerdo con sus investigaciones, esta ONG ha recopilado desde 2015, más de 600 asesinatos de civiles a manos de los grupos terroristas en cientos de incidentes en el centro y norte de Malí, como las masacres en la aldea de Ogossagou, en 2019 y 2020, en las que fueron asesinadas más de 180 personas.
En cuanto a las violaciones cometidas por las fuerzas de seguridad estatales, HRW ha recogido una serie de denuncias en las que se documenta la ejecución extrajudicial de decenas de personas acusadas sin pruebas de pertenecer a grupos terroristas.
"Las autoridades de transición deben abordar la incapacidad de las fuerzas armadas para proteger adecuadamente a los civiles y disolver las milicias asesinas. Deberían exigir cuentas a los comandantes implicados en abusos, incluidas las denuncias de ejecuciones extrajudiciales cometidas por el Ejército", ha demando la ONG.
"El gobierno de transición de Malí tiene la oportunidad de promover un mayor respeto por los derechos, la justicia y el estado de derecho de los que dependen la estabilidad y el progreso", ha expuesto Dufka.
"No hacerlo significará una continuación de los ciclos de violencia y represalias de Malí", concluye la directora de HRW para la región.