Actualizado 29/10/2009 15:18

México.- Amnistía denuncia las torturas a dos activistas campesinos de Chiapas detenidos sin una orden judicial

MADRID, 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

La organización humanitaria Amnistía Internacional (AI) ha pedido a las autoridades mexicanas que lleven a cabo una "investigación imparcial" sobre las torturas supuestamente infligidas a dos miembros de una organización campesina del estado de Chiapas (sur) que fueron detenidos el pasado fin de semana sin una orden judicial.

Roselio de la Cruz González y José Manuel de la Torre Hernández permanecen actualmente recluidos en una prisión estatal, según la organización. Su abogado ha afirmado que, durante los interrogatorios, los mantuvieron atados y con los ojos vendados, y los golpearon.

"A Roselio de la Cruz lo golpearon y lo amenazaron de muerte, mientras que a José Manuel de la Torre Hernández le cubrieron la cabeza con una bolsa de plástico hasta que casi se asfixió, y luego lo obligaron a inhalar agua hasta que se desmayó", denunció la organización. Aparte, ambos fueron obligados a firmar papeles "que no les permitieron leer", añadió.

Amnistía Internacional también ha expresado su preocupación por otro miembro de la misma organización, José Manuel Hernández Martínez, que permanece recluido a 2.000 kilómetros de distancia de su casa y que "no puede ver a su familia ni a su abogado".

Los tres activistas campesinos están acusados de ocupar ilegalmente tierras en 2005. Roselio de la Cruz González y José Manuel de la Torre Hernández fueron detenidos por la Policía de estado de Chiapas el pasado 24 de octubre. Según las informaciones de AI, las detenciones se produjeron durante el registro de las casas de varios miembros de la Organización Campesina Emiliano Zapata (OCEZ), en el municipio de Venustiano Carranza.

José Manuel Hernández Martínez, también miembro de la OCEZ, fue detenido el 30 de septiembre. El 16 de octubre fue trasladado a una prisión federal a 2.000 kilómetros de distancia, "una distancia excesiva para que su familia o su abogado lo visiten, por lo que en la práctica constituye un régimen de incomunicación", denunció Amnistía Internacional.