MADRID, 6 May. (EUROPA PRESS) -
Amnistía Internacional (AI) ha exigido a las autoridades federales mexicanas que investiguen "minuciosamente" el ataque perpetrado a finales de abril contra un grupo de 30 observadores de Derechos Humanos en el estado de Oaxaca, en el sur de México, en el que perdieron la vida dos activistas.
Cerca de 30 personas que participaban en una Caravana Internacional de Observadores de Derechos Humanos fueron emboscadas por un grupo de hombres armados en la región indígena triqui el martes 27 de abril. Jyri Antero Jaakola, observador finlandés, y la defensora de los derechos de los pueblos indígenas Alberta Cariño --también conocida como Bety o Beatriz-- perdieron la vida en el ataque.
El grupo, que incluía observadores procedentes de Alemania, Italia y Bélgica, se dirigía a documentar "abusos sistemáticos de los Derechos Humanos en la región indígena triqui, y llevaba asistencia humanitaria", según Amnistía.
Los asaltantes se dirigieron a algunos de los supervivientes del ataque para transmitirle un mensaje a Omar Esparza, esposo de Alberta Cariño y presidente de las organizaciones oaxaqueñas CACTUS y MAIZ: "Dile que se escapó esta vez, pero será el próximo".
Las organizaciones de Derechos Humanos en México creen que el ataque se relaciona con varias amenazas previas de los grupos armados en la zona. Según AI, las autoridades no acudieron a la escena de la emboscada sino hasta el día siguiente, invocando razones de seguridad.
Al respecto, las víctimas del ataque presentaron el 3 de mayo una denuncia ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) "por la inacción de las autoridades en el caso y solicitando una revisión de la investigación", prosiguió Amnistía.
Una delegación de Amnistía Internacional se reunió con personal federal el 29 de abril y solicitó permiso para intervenir en la investigación. Al día siguiente, la Procuraduría General de la República (PGR) se asignó la investigación.
"NADIE ANTE LA JUSTICIA"
La región triqui está poblaba principalmente por grupos indígenas y es una de las más pobres y problemáticas del país, según AI. Durante más de 30 años ha sufrido conflictos entre comunidades, en los cuales han muerto decenas de personas, aseguró la organización, que denunció que las autoridades estatales y federales han actuado en muy pocas ocasiones para llevar a los responsables ante la justicia.
Por ejemplo, Felícitas Martínez y Teresa Bautista, dos jóvenes indígenas periodistas y defensoras de los Derechos Humanos, perdieron la vida en abril de 2008. "Nadie fue llevado ante la justicia por este delito", según Amnistía. Ambas eran colegas de Alberta Cariño.