MÉXICO DF, 1 May. (EUROPA PRESS) -
La Cámara de Diputados de México aprobó este lunes por unanimidad la Ley de Víctimas, que ya recibió el visto bueno del Senado la semana pasada y que obliga al Estado a velar por la protección de las personas que hayan sido víctimas de algún delito o hayan sufrido una vulneración de sus Derechos Humanos.
El gobernante Partido Acción Nacional (PAN) pretendió introducir cambios en el texto de la Ley General de Víctimas para que ésta regresara al Senado, pero la Cámara Baja rechazó la propuesta. La nueva ley, que reconoce el derecho a la verdad, a la justicia y a la reparación integral y las garantías de no repetición, deberá entrar en vigor al siguiente día de su publicación.
Durante la discusión en la Cámara de Diputados, miembros del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad y de otras organizaciones defensoras de los Derechos Humanos corearon la frase "Ni un muerto más", mientras los legisladores gritaban "No están solos", según el diario 'El Universal'.
La ley prevé la creación del Registro Nacional de Víctimas, que incluirá a 70.000 personas, según los datos de 2011, según indicó el diputado Humberto Benítez Treviño, miembro del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y presidente de la Comisión de Justicia. En ese registro figurarán, por ejemplo, personas que han muerto o desaparecido a manos de sicarios o de fuerzas del Estado que actuaron como cómplices de bandas criminales.
FONDO DE AYUDA
También se establece un Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral de las Víctimas, que tendrá una dotación inicial de 270 millones de pesos (15,6 millones de euros). Los familiares de cada víctima podrán recibir hasta 950.000 pesos (55.000 euros) para la reparación del daño sufrido.
Ese fondo se nutrirá, según Benítez, de los bienes decomisados al crimen organizado: "De los bienes abandonados, de los bienes de la delincuencia que son subastados, las fianzas y multas que se hacen efectivas por los intereses del propio fondo y de las donaciones". Además, las víctimas tendrán derecho a asesoría jurídica especializada como parte del Sistema Nacional de Atención a Víctimas.
Congresistas de distintos partidos destacaron la importancia de la nueva ley y elogiaron la labor de las organizaciones de la sociedad civil que han estado defendiendo a las víctimas.
Teresa Guadalupe Reyes, del Partido del Trabajo, pidió a quienes han sufrido crímenes o las consecuencias de la lucha del Gobierno contra el crimen que "perdonen a este Estado por no haber protegido a sus seres amados" y afirmó que "llegará el día en que todas las deudas sean saldadas".
CONOCER LA VERDAD
El texto legislativo, que reconoce a las víctimas de secuestros, tráfico de personas, violencia de los cuerpos policiales o las Fuerzas Armadas, entre otras, señala que tienen derecho a conocer la "verdad histórica de los hechos".
Las medidas de reparación pueden ser "la verificación de los hechos y la revelación pública y completa de la verdad", la búsqueda de las personas desaparecidas y de los restos mortales de los fallecidos y su recuperación, identificación e inhumación.
La ley también propone "una declaración oficial o decisión judicial que restablezca la dignidad, la reputación y los derechos de la víctima", una "disculpa pública de parte del Estado, los autores (del crimen) y otras personas involucradas", la aplicación de sanciones judiciales o administrativas a los responsables de las violaciones de Derechos Humanos y la realización de actos en conmemoración de las víctimas.
Más de 50.000 personas han muerto en México desde que el presidente, Felipe Calderón, asumió su cargo en diciembre de 2006 recurrió al Ejército para combatir a los cárteles del narcotráfico, que también realizan secuestros, extorsiones y trata de personas.
Además, organizaciones civiles estiman que entre 5.000 y 10.000 personas han desaparecido durante el mandato de Calderón y cientos de miles han tenido que abandonar sus hogares por la lucha entre bandas rivales por el control de territorio.