MADRID, 25 Abr. (EUROPA PRESS) -
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó este lunes el asesinato en México del defensor de Derechos Humanos Javier Torres Cruz e instó a que se investigue, se esclarezca judicialmente y se sancione a los responsables materiales e intelectuales de este crimen.
Según la información recibida por la CIDH, el pasado 18 de abril Torres Cruz murió por los disparos de varios hombres en la localidad de La Morena, situada en el municipio de Petatlán, estado de Guerrero, presuntamente por sus actividades de defensa del medio ambiente en la sierra de Petatlán. En el asalto, el hermano del fallecido, Felipe Torres resultó gravemente herido.
La comisión recibió información sobre presuntas amenazas, actos de hostigamiento y atentados sufridos por Torres Cruz y varios de sus familiares desde 2007. En este sentido, el pasado 3 de diciembre de 2008, El activista habría sido detenido ilegalmente por soldados del Ejército mexicano y éstos, según la información del CIDH, presuntamente lo entregaron a otras personas que lo habrían sometido a torturas durante varios días. Esta situación fue denunciada por Javier Torres Cruz ante la Comisión Estatal de Defensa de los Derechos Humanos de Guerrero y ante el Ministerio Público.
La CIDH advirtió de que es obligación del Estado investigar de oficio hechos de esta naturaleza y sancionar a los responsables. Asimismo, la Comisión instó a México a adoptar de forma inmediata y urgente todas las medidas necesarias para garantizar el derecho a la vida, la integridad y la seguridad de los familiares de Javier Torres Cruz, y para la debida protección de las defensoras y defensores de Derechos Humanos en el país.
Según el organismo, los actos de violencia y otros ataques contra los activistas no solo afectan las garantías propias de todo ser humano sino que atentan contra el papel fundamental que juegan en la sociedad y sume en la indefensión a todas aquellas personas para quienes trabajan.
Además, la CIDH aseguró que la labor de los activistas es esencial para la construcción de una sociedad democrática sólida y duradera, y tienen un papel protagónico en el proceso para el logro pleno del Estado de Derecho y el fortalecimiento de la democracia.