MÉXICO DF, 14 Nov. (EUROPA PRESS) -
El Congreso de México ha aprobado este martes la polémica reforma laboral, considerada la mayor reforma económica de los últimos años, a pesar de las dudas sobre su constitucionalidad por el desacuerdo entre la Cámara de Diputados y el Senado en torno a dos artículos.
El Senado ha aprobado el proyecto de ley con 99 votos a favor y 28 en contra. La sanción de la Cámara Alta abarca los artículos 388 bis y 390 --rechazados por la Cámara de Diputados--, gracias a los 65 votos favorables del aún gobernante Partido Acción Nacional (PAN) y en contra de los 61 senadores del Partido Revolucionario Institucional (PRI), que asumirá las riendas del país el próximo mes.
A pesar del desacuerdo sobre ambos artículos entre las dos sedes legislativas, el Senado ha decidido enviar el cuerpo legal al Ejecutivo para que en el plazo de un mes lo sancione o lo envíe de nuevo al Congreso con modificaciones.
En el texto legal enviado al Gobierno no se incluyen los citados artículos, ya que ahora deben ser discutidos de nuevo en ambas cámaras para tomar una decisión definitiva al respecto, lo que podría implicar el inicio de todo el trámite parlamentario para el conjunto de la norma jurídica.
La decisión del Senado de enviar el cuerpo legal al Gobierno ha suscitado dudas sobre su constitucionalidad, ya que el artículo 72.E de la Carta Magna establece que en el caso de que las dos cámaras no estén de acuerdo en algunos preceptos, éstos deben discutirse y votarse de nuevo.
"Se viola de manera consciente y deliberada la Constitución porque se olvidan los últimos renglones del artículo 72, que establece que los artículos que no fueron de acuerdo común en las dos cámaras deben discutirse y votarse de nuevo", ha dicho el líder del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en el Senador, Miguel Barbosa.
"Deberían echarle un ojito a la Constitución, porque es fundamental que se discutan y aprueben en las dos cámaras los artículos 388 bis y 390 antes de que se publique la reforma laboral y, por tanto, entre en vigor", ha apuntado, por su parte, la senadora de Convergencia Layda Sansores, según informa el diario 'Milenio'.
Sin embargo, el presidente del Senado, Ernesto Cordero, ha argumentado que, precisamente, la decisión de la Cámara Alta de enviar el texto legal al Ejecutivo se fundamenta en el artículo 72.E de la Carta Magna.
"Con fundamento en el artículo 72.E, el Senado manifiesta su acuerdo para remitir al Ejecutivo el decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Federal de Trabajo, única y exclusivamente con los artículos aprobados por ambas cámaras", ha explicado.
No obstante, los legisladores opositores insisten en que, conforme a dicho precepto constitucional, en caso de que persista el desacuerdo entre las dos cámaras tras celebrarse varias votaciones, el proyecto de ley debe ser enviado al Gobierno de común acuerdo o discutido en un periodo de sesiones diferente.
CONTENIDO DE LA LEY
Al margen de la discusión jurídica, los legisladores mexicanos llevan varios meses enfrentados por la reforma laboral, ya que es la primera modificación en profundidad que se hace de la Ley Federal de Trabajo desde 1970.
El texto final contempla modalidades de contratación más flexibles, tal y como solicitaban los empresarios, que, según el Gobierno, permitirán crear unos 400.000 puestos de trabajos, lejos del millón de nuevos empleos que necesita el país iberoamericano.
Los partidos de izquierda se han opuesto firmemente a esta modificación porque consideran que los nuevos contratos laborales aumentan las prerrogativas del empresario en detrimento de los derechos de los trabajadores.
Otro de los focos de polémica es el tratamiento que se da a los sindicatos, aliados tradicionales del PRI. Con la nueva ley se pretendía democratizar el funcionamiento de las organizaciones gremiales, pero no se ha podido llevar a cabo.
Así, no se ha incluido el voto libre, secreto, obligatorio y directo en la elección de los dirigentes sindicales, ni la obligación de realizar auditorías externas a las organizaciones gremiales de más de 150 integrantes.
También se ha excluido la aplicación de sanciones a las directivas sindicales que se nieguen a entregar a los trabajadores que lo soliciten un informe sobre el destino de sus aportaciones mensuales a la organización gremial.
"Lo que se está haciendo es anular los derechos a los trabajadores. Se les vuelve a atar de manos para que no puedan elegir democrática y libremente a sus representantes", ha dicho la senadora del PRD Alejandra Barrales.