Actualizado 09/01/2013 18:11

México.- El Congreso publica la ley de víctimas para atender a los damnificados por la violencia


MÉXICO DF, 9 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Congreso mexicano ha publicado este miércoles en el Diario Oficial de la Federación la nueva Ley General de Víctimas, que será firmada hoy por el presidente Enrique Peña Nieto y que entrara en vigor en 30 días, para crear los organismos adecuados pata atender a las víctimas de la violencia del crimen organizado y de violaciones de Derechos Humanos.

Al menos 70.000 personas han muerto en los últimos seis años en México desde que el anterior presidente, Felipe Calderón, emprendiese en 2006 una nueva aproximación a la lucha contra los cárteles mexicanos con el despliegue del Ejército en algunas zonas de tránsito de drogas del país.

Según medios locales, la nueva ley contempla la creación del Sistema Nacional de Atención a Víctimas, cuyo objetivo será consensuar las políticas necesarias de atención a las víctimas, así como de mecanismos de prevención, en el ámbito de todas las instituciones.

Este organismo comenzará a trabajar a los tres meses de promulgarse la ley, y un mes después, se integrará la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas para dar voz a las personas que han sufrido actos de violencia y ataques a sus derechos fundamentales por parte de individuos o funcionarios públicos.

El organismo deberá supervisar a todas las administraciones para que apliquen las medidas que se aprueban en dicho ente, que serán debatidas por expertos --con un mínimo de cinco años de experiencia en atención a las víctimas-- propuestos por universidades, ONG, grupos políticos y demás asociaciones.

Las organizaciones locales además tendrán que modernizar su normativa para adecuarse a la nueva ley en los siguientes 180 días tras su promulgación para adecuarse a las directrices del nuevo organismo de protección de víctimas.

El Tribunal Supremo de México ordenó el pasado año que se cambiarán diversos aspectos de la ley después de que el Ejecutivo de Calderón señalase que el Congreso no había contemplado la reparación de daños a las víctimas.