7 de marzo de 2007

México.- El CPJ insta a Felipe Calderón que firme un decreto que despenaliza la difamación, la injuria y la calumnia

NUEVA YORK, 7 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés) instó hoy al presidente mexicano, Felipe Calderón, a firmar un proyecto de decreto que despenalizaría la difamación, la injuria y la calumnia, según informó la CPJ en un comunicado.

Con 100 votos a favor y una abstención, el Senado mexicano aprobó un proyecto que trasladaría dichos casos al ámbito de lo civil. La medida, aprobada ya por la Cámara de Diputados, busca adaptar la legislación nacional a normas emergentes al nivel regional e internacional, indicaron los legisladores, según la CPJ.

"La aprobación por parte del Senado de estas importantes reformas marca un paso de avance significativo para los periodistas mexicanos, quienes han sido acosados y encarcelados bajo leyes anticuadas durante demasiado tiempo", indicó el Director Ejecutivo del CPJ, Joel Simon.

"Instamos al presidente Calderón a tomar las medidas necesarias para firmar el proyecto de decreto cuanto antes y así asegurarse que estas reformas se conviertan en ley", expresó Simon.

El proyecto de decreto derogaría los artículos 350 al 363 del código penal federal. Si el presidente lo promulga, los periodistas ya no podrían ser sentenciados a prisión tras en ámbito federal por demandas por difamación o calumnia.

Las reformas convertirían a la difamación, la injuria y la calumnia en infracciones civiles bajo los artículos 1916 y 1916bis del código civil federal. Para dichas infracciones se aplicarían sanciones monetarias al igual que ratificaciones "en el mismo medio donde fue publicada y con el mismo espacio y la misma circulación o audiencia a que fue dirigida la información original".

"Calderón no ha hecho ningún comentario público sobre el proyecto de decreto aunque ha hablado en términos generales sobre la necesidad de mejorar las condiciones de la libertad de prensa en México. Su partido, el Partido de Acción Nacional o PAN, apoya la medida. El proyecto se convertiría en ley tras la firma de Calderón y su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Si el presidente veta el proyecto, podría devolverlo al Congreso con observaciones", según indica el comunicado de ese organismo.

Sin embargo, aún si se convierten en ley, estas reformas no ofrecen protección completa ante demandas penales por difamación ya que en muchos estados los delitos de prensa permanecen en los códigos penales. El sistema legal mexicano separa al nivel federal del nivel estatal, y las leyes federales no se imponen sobre las estatales. En la mayoría de los estados mexicanos, la difamación, la injuria y la calumnia pueden castigarse con sentencias de hasta cuatro años de cárcel.

"Instamos a los Gobiernos estatales a seguir el ejemplo del Senado mexicano y despenalizar las leyes de prensa para asegurarse que los periodistas en todo el país puedan trabajar sin temor a persecuciones judiciales", agregó Simon. Por su parte, legisladores en los Estados de San Luis de Potosí y Durango están considerando también la derogación de tales delitos.

Aunque el encarcelamiento por delitos de prensa ha sido prácticamente eliminado en América Latina, los procesos penales por difamación siguen siendo habituales. Sin embargo, una decisión histórica de la Corte Interamericana de Derechos Humanos llevado a varios políticos en la región a considerar reformas que harían desaparecer la difamación por completo de la legislación penal.

En el caso del 2004, la Corte Interamericana de Derechos Humanos revocó la condena al periodista costarricense Mauricio Herrera Ulloa, premiado periodista de investigación del diario costarricense 'La Nación' quien fue condenado por difamación.

El tribunal radicado en Costa Rica dictaminó que la sentencia violó el derecho de Herrera Ulloa a la libertad de expresión y le ordenó a Costa Rica a pagarle al periodista dinero en concepto de daños y perjuicios.

El presidente de la Corte Interamericana, el juez Sergio García Ramírez, redactó una opinión concurrente en la cual cuestionó la criminalización de la difamación y sugirió que dichas leyes deberían derogarse.