Publicado 12/09/2020 18:45

México.- El exdirector de la Policía Ministerial de México se entrega por la desaparición de los 43 'normalistas'

Imágenes de los 43 'normalistas' de Ayotzinapa desaparecidos en Iguala
Imágenes de los 43 'normalistas' de Ayotzinapa desaparecidos en Iguala - -/El Universal via ZUMA Wire/dpa - Archivo

MADRID, 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

El exdirector de la Policía Federal Ministerial Carlos Gómez Arrieta se ha entregado voluntariamente a las autoridades de la Fiscalía General de la República por la desaparición de los 43 jóvenes normalistas de Ayotzinapa en 2014.

Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos, ha redes sociales de que Gómez se entregó tras emitirse una orden de aprehensión en su contra.

"Esta mañana en la Ciudad de México se entregó voluntariamente a las autoridades de la FGR México, Carlos Gómez Arrieta, extitular de la Policía Federal Ministerial, durante los lamentables hechos de Ayotzinapa y sobre quien existía una orden de aprehensión", ha apuntado Encinas.

La detención de Arrieta era una de las peticiones incluida por los padres de los 'normalistas' en un documento remitido recientemente al presidente Andrés Manuel López Obrador.

Además los padres han pedido a las autoridades la extradición de Tomas Zerón, exdirector de la Agencia de Investigación Criminal, y la investigación de Jesús Murillo Karam, ex procurador general de la Republica.

Madres y padres de los normalistas y sus representantes han reconocido en un comunicado la importancia de la noticia y han pedido a López Obrador que el próximo 26 de septiembre, día en que se cumplen 6 años de la desaparición de los estudiantes, dé un mensaje sobre los avances de los trabajos de la comisión de investigación.

Los 43 alumnos de la Escuela Normal de Ayotzinapa, estado de Guerrero, desaparecieron la madrugada del 27 de septiembre de 2014 en el vecino municipio de Iguala durante una protesta contra las autoridades locales.

La primera versión oficial fue que fueron sorprendidos por la organización criminal Los Rojos, como parte de un ajuste de cuentas entre grupos rivales, y que los sicarios los mataron e incineraron y se deshicieron de sus restos en el basurero de Cocula.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y forenses argentinos que participaron en las pesquisas han desmontado esta teoría y han apuntado que el suceso podría estar relacionado con el tráfico de drogas en la región.