El abogado de la acusación adelantó este miércoles que el fallo era favorable a las víctimas
MADRID/MÉXICO DF, 20 Nov. (EUROPA PRESS) -
El Gobierno mexicano no se pronunciará sobre el dictamen de la Corte Interamericana de Derechos Humanos por el asesinato de tres mujeres perpetrados en Ciudad Juárez en noviembre de 2001, en el estado de Chihuahua, hasta conocer la sentencia que el organismo judicial, con sede en Costa Rica, emitirá "en los próximos días".
El viceministro de Asuntos Exteriores mexicano, Juan Manuel Gómez Robledo, informó de que ni el Ministerio de Exteriores ni la Embajada mexicana en Costa Rica han sido notificadas oficialmente de la resolución de la Corte Interamericana, informó el diario mexicano 'El Universal'.
El Ministerio de Exteriores mexicano precisó en un comunicado este jueves que "la Corte Interamericana de Derechos Humanos no ha dictado aún sentencia", pero en todo caso defendió que el Estado mexicano ha expuesto ante las instancias judiciales durante el caso "todas las medidas institucionales y de políticas públicas que se han emprendido para proteger a las mujeres en contra de la violencia". "También ha reiterado su compromiso en la lucha contra la impunidad" contra los autores de femenicidios, agrega la nota.
Asimismo, defiende que desde que el Ejecutivo reinició en 2005 las investigaciones de los asesinatos de Claudia Ivette González, Laura Berenice Ramos y Esmeralda Herrera Monreal, las pesquisas han sido desarrolladas conforme a "estándares internacionales de seriedad, imparcialidad y exhaustividad", algo que expuso durante la audiencia celebrada en la corte el pasado mes de abril.
Además, sostiene que el Estado mexicano no sólo ha presentado ante la Corte "los avances registrados en las investigaciones de estos tres casos", sino también el trabajo que resultó en "sentencias de otros 203 casos que han sido resueltos por instancias investigadoras y jurisdiccionales del estado de Chihuahua".
EL ABOGADO ADELANTA EL FALLO FAVORABLE A LAS VÍCTIMAS
Por su parte, el abogado español que ha defendido a las familias de las víctimas en el caso, Emilio Ginés, confirmó este jueves a Europa Press que el fallo de la CIDH fue favorable a las víctimas al condenar al Estado mexicano como responsable de los asesinatos de tres mujeres en Ciudad Juárez porque no investigó debidamente los hechos, víctimas del caso conocido como 'Campo Algodonero'.
Esta sería la primera sentencia condenatoria que se emite contra los asesinatos que se han cometido desde 1993 en Ciudad Juárez, donde hasta la fecha han muerto unas 480 mujeres en hechos violentos que no han sido debidamente investigados.
Esta decisión histórica de la CIDH no puede ser recurrida y determina que el Estado mexicano es responsable de los hechos ocurridos por no haber realizado las investigaciones adecuadas sobre estos asesinatos cometidos en noviembre de 2001.
El portavoz de la CIDH, Arturo Monge, precisó en todo caso este miércoles que "los jueces ya tomaron esta semana una decisión, pero no la han emitido, y el detalle todavía no ha sido notificado a las partes", de modo que se desconoce si el fallo es condenatorio o absolutorio "porque en estos momentos son confidenciales", informó el diario mexicano 'El Universal'.
JUICIO
El juicio contra el Estado de México comenzó el pasado 27 de abril en la sede de la CIDH en Santiago, Chile, ante la presunta impunidad, falta de investigación y de actuación frente a los asesinatos de mujeres que se llevan cometiendo en Ciudad Juárez.
En total fueron ocho los cadáveres encontrados en el Campo Algodonero, una zona de trabajo situada a las afueras de Ciudad Juárez, pero cinco de los cuerpos no fueron identificados a tiempo de presentar la acusación.
Ginés, miembro del Comité Europeo de Prevención de la Tortura, asesoró a los abogados mexicanos Karla Micheel Salas y David Peña que se encargaron de la acusación en este proceso que sólo se centró en los casos de tres mujeres asesinadas en el Campo Algodonero.
Días antes de iniciar el juicio, el letrado español dijo que todos los asesinatos ocurridos en Ciudad Juárez "responden a una situación social que se llama feminicidio" debido a ciertas "características especiales" y son que los responsables "van a por mujeres jóvenes, trabajadoras, con una débil posición económica" cuyas familias no tienen capacidad de hacer justicia.
La acusación había pedido una reparación total de las familias de las víctimas, pero no sólo económica, sino con la detención de los culpables. Para ello, reclama que la Procuraduría federal de México sea la que se encargue de estos casos, y no las procuradurías estatales, que pueden estar más influidas por el crimen organizado.
También instó al Estado mexicano a que investigue las denuncias existentes de las familias de las víctimas, que sufren amenazas, hostigamiento y persecución, y que proceda a la dignificación de la memoria de todas las mujeres asesinadas.