CIUDAD DE MÉXICO, 4 Jun. (EUROPA PRESS) -
La Corte Suprema de Justicia mexicana otorgó hoy un amparo al ex presidente de Guatemala Adolfo Portillo, con el que se evitaría su extradición a su país donde la Justicia le reclama por corrupción.
"La Corte Suprema (de Justicia), el tribunal de más alta jerarquía en México" reconoció que "el Estado de Guatemala pretendía la aplicación retroactiva del tratado de extradición, lo cual no está permitido", señaló el abogado del ex mandatario guatemalteco, David Abbot quien informó de que la Justicia mexicana concedió a Portillo un amparo definitivo que evitará la captura y extradición del ex gobernante del citado país centroamericano.
El abogado defensor afirmó que el ministerio de Asuntos Exteriores de Guatemala le reclama por el delito de apropiación indebida (peculado) y malversación de fondos de 16 millones de dólares (cerca de 12 millones de euros).
Por otra parte, Abbot incidió en que la resolución judicial se basó principalmente en el principio de no retroactividad del tratado de Extradición bilateral por lo que Portillo "se libró en definitiva" de la captura con objetivo de extradición.
Según informa el diario mexicano 'Milenio', tras anunciarse este amparo definitivo, ahora la Corte de Constitucionalidad (CC) de Guatemala deberá ordenar al juzgado encargado del caso que suspenda el proceso penal contra el ex gobernante.
Portillo, gobernó entre 2000 y 2004 de la mano del ex dictador Efraín Ríos Montt. Una vez finalizó su mandato, el 14 de enero de 2004 salió de Guatemala cuando conoció que el ministerio Público estaba tramitando solicitar una orden de arraigo en su contra que evitara una eventual salida del país centroamericano. Tras su paso por El Salvador, llegó a México el 25 de febrero.
Adolfo Portillo está acusado por la Fiscalía anti corrupción de su país de delito de peculado (apropiación indebida de bienes públicos) de 120 millones de quetzales (11,67 millones de euros), que transfirió desde el presupuesto del Ejército a un banco estatal, desde el cual fueron malversados.
La investigación sobre el ministerio de Defensa determinó que las transferencias irregulares ascienden a más de 900 millones de quetzales (87,28 millones de euros) desde los fondos de esa cartera durante el periodo presidencial del cuestionado ex gobernante.