MÉXICO DF, 7 Jul. (EUROPA PRESS) -
La organización Human Rights Watch (HRW) pidió al Gobierno de Felipe Calderón que haga reformas sustanciales al Código de Justicia Militar de México para que los uniformados sean procesados por tribunales civiles y no por la justicia militar en los casos de violaciones a los Derechos Humanos.
La solicitud de HRW se produce poco después de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) decidiera por unanimidad acatar la sentencia que dictó en 2009 la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) contra el Ejército mexicano, en el caso de desaparición forzada del activista Rosendo Radilla, ocurrida el 25 de agosto de 1974.
La CoIDH ordenó a México modificar su Código de Justicia Militar a fin de ajustarlo a "los estándares internacionales" y afirmó que "frente a situaciones que vulneren Derechos Humanos de civiles bajo ninguna circunstancia puede operar la jurisdicción militar".
José Miguel Vivanco, director para las Américas de HRW, aplaudió la nueva decisión de la SCJN porque "ha determinado que la sentencia de la Corte Interamericana debe aplicarse: ningún caso de violaciones de Derechos Humanos debe ser juzgado por el sistema de justicia militar", señala un comunicado de la organización.
"Calderón y el Congreso deben reformar el Código de Justicia Militar a la mayor brevedad, para garantizar que se cumpla con esta sentencia", subrayó Vivanco.
Los magistrados de la SCJN se reunirán este jueves para determinar si se debe reformar el "fuero militar" --el derecho de todo militar a ser juzgado por tribunales castrenses-- y cumplir entonces con las obligaciones impuestas por la CoIDH.
HRW insta a la SCJN "a hacer cumplir la reciente reforma constitucional sancionada por el Congreso, que reconoce a los derechos consagrados en los tratados internacionales suscritos por México la misma jerarquía que a los derechos garantizados por la Constitución".
"Como parte de tratados internacionales, México tiene la obligación de incorporar estos derechos en su Derecho interno, así como de tener en cuenta su jurisprudencia en los procesos judiciales. La SCJN debería hacer cumplir esta obligación", destaca Vivanco.
Para HRW, la reforma propuesta por Calderón en octubre del año pasado no es suficiente porque sólo contempla que la justicia civil podrá procesar militares siempre y cuando se trate de casos de desaparición forzada, violación y tortura, excluyendo otros delitos contra los Derechos Humanos.
La sentencia del caso Radilla es una de las cuatro decisiones tomadas por la CoIDH contra México desde 2008 que determinan que militares habían cometido graves violaciones de Derechos Humanos contra civiles. En agosto de 2010, la corte estableció que Valentina Rosendo Cantú e Inés Fernández Ortega, dos mujeres indígenas de Guerrero, habían sido violadas y torturadas por miembros del Ejército en 2002. En diciembre pasado, el tribunal determinó que los militares habían detenido y torturado a dos campesinos ecologistas, Rodolfo Montiel y Teodoro Cabrera.
La CoIDH ha manifestado, en reiteradas ocasiones, que la jurisdicción militar no debería aplicarse a violaciones de Derechos Humanos cometidas contra civiles. México no ha cumplido con este requisito, advierte HRW en un comunicado.
México es actualmente escenario de una encarnecida guerra entre los cárteles del narcotráfico que desde diciembre de 2006 se ha cobrado la vida de más de 38.000 personas. Algunas organizaciones denuncian que en ese grupo hay víctimas de militares que habrían abusado de su poder para cometer asesinatos y torturas.