MÉXICO DF, 7 Ene. (EUROPA PRESS) -
Un total de 109 civiles murieron en operaciones policiales contra el crimen organizado en México durante 2010, según un informe publicado este jueves por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), que ha subrayado la importancia de que se repare a los familiares de las víctimas por el daño sufrido.
Asimismo, el estudio indica que la institución pública que recibió un mayor número de quejas el año pasado por supuestas violaciones de los Derechos Humanos fue la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Estado a cargo del Ejército mexicano, la Fuerza Aérea mexicana, la industria militar y otros asuntos castrenses.
En la lista también aparecen la Procuraduría General de la República (PGR), el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), la Secretaría de Seguridad Pública Federal (SSP) y, por primera vez, la Secretaría de Marina (Semar), la Secretaría de Estado a cargo de la Armada de México, que en 2010 recibió seis recomendaciones de la CNDH, mientras que en años anteriores solo le había dirigido una como máximo.
El presidente de la CNDH --que es un organismo público-- y defensor del pueblo, Raúl Plasencia, señaló, según los medios de comunicación mexicanos, que en la lucha contra el crimen organizado se debe respetar siempre la Constitución y los Derechos Humanos.
Igualmente, lamentó que aún no se haya actuado contra algunos de los responsables de la muerte de civiles en estas operaciones y agregó que, en la medida de lo posible, se debe reparar a los familiares de las víctimas.
Plasencia precisó que los fallecimientos de los 109 civiles se produjeron principalmente en los estados de Tamaulipas, Chihuahua, Coahuila, Guerrero, Morelos, Sinaloa y Baja California en operaciones realizadas sobre todo por autoridades federales, pero también estatales y a veces municipales.
SECUESTROS MASIVOS DE INMIGRANTES
Por otra parte, el defensor del pueblo señaló que el año pasado se registraron 215 casos de secuestro masivo de inmigrantes y que en cada incidente fueron secuestradas, de media, 50 personas, aunque en algunos casos llegaron a ser más de 150.
Según los datos que adelanta la CNDH, que se presentarán en otro informe sobre seguridad pública a mediados de este año, de abril a septiembre fueron secuestrados más de 10.000 inmigrantes, muchos centroamericanos. Los estados donde ocurrieron más hechos de este tipo son Chiapas, Oaxaca, Tamaulipas, Veracruz, Tabasco, Coahuila y San Luis Potosí.
En la mayoría de los casos, los centroamericanos son extorsionados y obligados a pagar entre 5.000 y 15.000 dólares, aunque algunos también habrían sido obligados a formar parte de organizaciones criminales. "Se trata de bandas organizadas que están estructuradas no sólo para secuestrar, sino también para el cobro de rescates y para llevar a cabo su actividad con impunidad, sin detenciones", describió Plascencia.
El presidente de la CNDH destacó que en algunos secuestros participaron policías y personal del Instituto Nacional de Migración, lo cual demuestra una "convivencia delincuencial". Por ello, instó a las autoridades involucradas a que investiguen los hechos y castiguen a los responsables.
Plasencia manifestó que el delito del tráfico de personas "se ha mantenido invisible ante los ojos de la justicia, porque no hay detenidos, consignados ni condenados". "En 2010 las condenas no llegaron ni a cinco, reflejo de lo que falta por hacer", agregó.