Actualizado 13/08/2009 03:32

México.- El Supremo mexicano ordena liberar a 22 acusados de la matanza de Chiapas de 1997 por fallos durante el proceso

MÉXICO D.F, 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal Supremo mexicano decretó ayer la liberación de 22 personas que cumplían condena por la matanza de 45 indígenas en el estado de Chiapas en diciembre de 1997, alegando que en el proceso judicial contra los acusados se produjeron varias irregularidades.

Así, cuatro de los cinco magistrados de la primera sala de la Corte aprobaron la inmediata liberación de 22 de los 26 condenados a los que ha concedido el amparo, todos ellos indígenas. Llevan más de diez años en prisión por el asesinato a tiros y machetazos de 45 personas de etnia tzotzil, la mayoría mujeres y niños, en el poblado de Acteal, ubicado en la localidad de Chenalhó.

El ministro de Justicia, Juan Silva Meza, explicó ante la prensa que el caso de Acteal "es una buena oportunidad para que la Corte reitere un claro mensaje" a las autoridades, que "deben respetar escrupulosamente y siempre el régimen Constitucional y, por consiguiente, los Derechos Humanos". "No hay peor injusticia que tratar de enmendarla cometiendo otra", subrayó.

La medida adoptada por el Supremo podría afectar próximamente a otros de los sentenciados, ya que aún no ha resuelto los recursos de amparo de 31 los 57 condenados. La resolución supone dejar sin valor sentencias que van desde los 20 hasta los 40 años de prisión.

CADENA DE FALLOS

Los recursos presentados por los acusados sostienen que el proceso judicial emprendido contra ellos no contó con traductores pese a que algunos de los sospechosos no hablaban español. Además, los activistas defensores de los presos aseguraron que los fiscales llegaron a presentar pruebas falsas e incluso se inventaron declaraciones de testigos.

La agrupación de organizaciones civiles Red por la Paz puso de manifiesto que el alto tribunal mexicano sólo ha tenido en cuenta las irregularidades del proceso judicial y no la presunta culpabilidad de las personas que ahora quedarán en libertad. En un comunicado, la asociación alertó de que se pone en riesgo "la paz pública y social" si la justicia deja en la calle "a quienes han sido claramente identificados y señalados por las víctimas como los asesinos materiales de esta masacre".