MÉXICO DF, 9 Ago. (EUROPA PRESS) -
El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) de México ha iniciado este miércoles el recuento de 1.125 de las papeletas depositadas en las urnas el pasado 1 de julio durante la celebración de las elecciones presidenciales.
Alrededor de las 9.00 horas (16.00 horas en España) 109 jueces y magistrados del TEPJF han comenzado el recuento de las papeletas en presencia de los representantes de los partidos políticos que han concurrido a los comicios, según ha informado el diario 'La Jornada'.
Las 1.125 papeletas que serán escrutadas de nuevo por las autoridades electorales apenas representan el 1,4 por ciento de las 70.000 que se emitieron durante la jornada electoral y cuyo recuento había solicitado el candidato presidencial del Movimiento Progresista, Andrés Manuel López Obrador.
El segundo recuento obedece al juicio de inconformidad presentado por el Movimiento Progresista para anular las elecciones presidenciales por las irregularidades supuestamente cometidas por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), al que los primeros resultados han proclamado vencedor de los comicios.
El Movimiento Progresista ha acusado al PRI de comprar cinco millones de votos regalando a los electores tarjetas telefónicas, bonos de supermercado y materiales de construcción a cambio de su apoyo en las urnas. Incluso ha señalado que cada gobernador debía comprar una cuota de votos.
Además, el grupo de izquierda ha aseverado que el PRI utilizó "recursos ilícitos", probablemente "recursos públicos o del crimen organizado", para financiar la campaña de su candidato presidencial, Enrique Peña Nieto.
También ha apuntado que, al margen de la procedencia de los recursos, el PRI gastó 4.200 millones de pesos (260 millones de euros) en la campaña electoral de Peña Nieto, cuando el límite legal son 336 millones de pesos (20,8 millones de euros).
Por su parte, el PRI ha acusado al Movimiento Progresista de financiar la campaña electoral de López Obrador, con dinero público, de superar el límite de gasto y de ocultar esta información a las autoridades electorales derivando el dinero a través de organizaciones sociales.