Actualizado 11/09/2017 13:13

El Ministerio de Justicia de Colombia lidera un proyecto de ley para someter a las bandas organizadas del país

Miembro de la Mara Salvatrucha detenido
REUTERS / STRINGER .

   BOGOTÁ, 11 Sep. (Notimérica) - .-

   El Ministerio de Justicia de Colombia lidera el proyecto del ley con el que el Gobierno Nacional de Juan Manuel Santos pretende acabar con el crimen organizado y su raíz en el país sudamericano.

   El programa, al que ha tenido acceso el portal digital 'El colombiano', se encuentra estos días siendo valorado por la Fiscalía del país, y engloba medidas --en un total de siete capítulos y una Exposición de Motivos-- como programas de reinserción miembros de las bandas o la creación de un fondo económico para resarcir a las víctimas.

   Fuentes cercanas al proceso han indicado a 'El Colombiano' que el encuentro de vías jurídicas efectivas para la aprobación y puesta en marcha de este proyecto de ley está siendo costoso y conlleva discusiones desde el pasado año, puesto que sería dificultoso no violar el marco de la justicia ordinaria.

   Este proyecto estaría enfocado por el Gobierno colombiano a "dictar normas relacionadas con el sometimiento a la justicia de grupos armados organizados", es decir, reglamentar las disposiciones existentes sobre el tema en el Acuerdo de Paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

   "Para ambas partes de la mesa de negociación, el tema del crimen organizado constituyó un elemento central para la construcción del Acuerdo de paz, por esta razón se convino como un objetivo conjunto el desmantelamiento de cualquier actor armado que ponga en riesgo lo acordado", indica el boceto recogido por 'El colombiano'.

PRINCIPALES ARTÍCULOS

   El Capítulo 1 del proyecto muestra las definiciones y reglas generales del texto, así como se indica que será al Fiscal General y a sus delegados a quienes les corresponda adelantar la negociación con el Grupo Armado Organizado (GAO), aplicando principios del Código de Procedimiento Penal. Este procedimiento será en dos etapas, una primera de negociación colectiva y otra de judicialización individual.

   El Capítulo 2 constituye lo relativo a los acercamientos colectivos con los GAO: los grupos deberán presentar una solicitud escrita de sometimiento colectivo al Fiscal General del Estado, quien designará a los fiscales negociadores, facultados para dialogar con los representantes de las bandas y suscribir acuerdos en el marco de la ley.

   Estas negociaciones deben, como mínimo, conseguir los siguientes acuerdos: aceptar los delitos colectivamente; identificar la estructura de la organización, modus operandi y expansión territorial; individualizar a todos sus miembros; identificar a víctimas de sus delitos; definir las condiciones de una zona de concentración para los integrantes; presentar una relación detallada de los bienes, a los cuales se les podrá aplicar extinción de dominio; e información de las rentas ilícitas.

   El Capítulo 3 indica la judicialización individual de los miembros de los GAO, indica 'El colombiano'. Por ello, se establece que la Fiscalía podrá realizar acercamientos individuales con los integrantes para determinar responsabilidades individuales y "resolver su situación judicial de la forma más completa posible".

   Por otro lado, en el Capítulo 4 se trata sobre la participación de las víctimas y el incidente de reparación, aplicándose para las víctimas que hagan valer sus derechos una reparación integral en lo referente a medidas cautelares. Asimismo, el proyecto incluye unas reglas especiales para la reparación.

   En el Capítulo 5, se trabaja sobre la medida relacionada con el fondo para la reparación integral de las víctimas de los GAO, el cual estaría controlado por una Unidad Administrativa Especial adscrita al Ministerio de Hacienda, procediendo los recursos de los dineros y bienes entregados por el grupo ilegal, así como de los rendimientos financieros que genere la administración de los mismos, a cargo de una fiducia comercial contratada por el Gobierno, dice el citado medio.

   Por otra parte, el Capítulo 6 establece las reglas comunes a las disposiciones anteriores. Una vez iniciado el proceso de sometimiento a la justicia, la Fiscalía podrá suspender las órdenes de captura que se hayan dictado contra los representantes de los GAO, así como de aquellos miembros que hayan presentado el acta de sometimiento individual.

   Por último, el Capítulo 7 indica un componente de resocialización de los miembros del GAO acogidos en el proceso de sometimiento. Según el documento recogido por 'El Colombiano', la resocialización de estas personas es "un imperativo para efectos del éxito en la implementación del presente proyecto". La idea es mejorar las estrategias para el tratamiento de los internos de las cárceles, teniendo un enfoque diferenciado, según el género, la etnia, discapacidad, etcétera.