MADRID, 3 Oct. (EUROPA PRESS) -
La Comisión de Alto Nivel de la Organización de los Estados Americanos (OEA) sobre Nicaragua ha visitado El Salvador para reunirse con representantes de la sociedad civil y política nicaragüense a fin de alcanzar una "solución democrática, pacífica y eficaz para la crisis política y social" del país centroamericano, según ha informado la organización en un comunicado.
La comisión mediadora ha expresado así "su preocupación por la seguridad de las personas que fueron entrevistadas durante su estancia y ha instado al Gobierno de Nicaragua a proteger la seguridad de dichas personas en su regreso al país".
En este sentido, se ha pronunciado sobre la situación que atraviesa el pueblo nicaragüense y han hecho "responsable al Gobierno de Managua de la seguridad de todos las personas que viajaron a El Salvador" para brindar sus testimonios ante la comisión.
El grupo ha recalcado así que seguirá trabajando con el fin de lograr la democracia, la protección de los Derechos Humanos, la paz, la verdad y la justicia para Nicaragua.
La crisis política en Nicaragua estalló en abril de 2018 por las protestas contra una polémica reforma de la seguridad social, que crecieron rápidamente hasta exigir la "democratización" del país, en lo que ha sido el mayor desafío a Ortega en sus quince años de Gobierno.
El líder 'sandinista' accedió a celebrar un diálogo nacional que fracasó por su negativa a convocar elecciones anticipadas. Tras varias idas y venidas, las conversaciones se suspendieron por acusaciones cruzadas de incumplimiento.
La opositora Alianza Cívica --ahora integrada en la Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB)-- había exigido al Gobierno que cumpliera su promesa de liberar a todos los presos políticos antes del pasado 18 de junio. El Ejecutivo ha excarcelado a cuentagotas a unos 200 bajo la modalidad de "casa por cárcel", es decir, bajo una especie de arresto domiciliario.
Según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), al menos 325 han muerto y otras 2.000 han resultado heridas a causa de la represión de las fuerzas de seguridad durante las protestas, mientras que 700 más han sido detenidas y enjuiciadas. Además, más de 70.000 personas se han visto forzadas a huir de Nicaragua desde entonces, de las que 55.500 han solicitado protección internacional en Costa Rica.