MANAGUA, 22 Oct. (EUROPA PRESS) -
El presidente de la Asamblea Nacional, René Núñez, admitió este jueves que la sentencia de la Corte Suprema de Justicia que avala la reelección continua del presidente en el país crea "un conflicto de competencias" de poderes del Estado al considerar que es el Congreso el único organismo legitimado para aprobar la reelección.
"Sin ser abogado, hay un conflicto de competencias entre la Asamblea Nacional y la Corte Suprema de Justicia", reconoció en declaraciones recogidas por el diario 'La Prensa'.
Asimismo, el presidente del Congreso advirtió de que el Parlamento es el único organismo con competencias para modificar la Constitución.
La Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) avaló en una sentencia emitida este lunes la inaplicabilidad del artículo 147 de la Constitución que prohíbe expresamente la reelección continua del presidente.
La Corte Suprema avaló la reelección continua del presidente, lo que abre la puerta al actual mandatario, Daniel Ortega, a presentarse a un tercer mandato, después de que el gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional no lograra el suficiente apoyo parlamentario para tramitar la modificación de la Constitución vía parlamentaria.
Ortega, que ya ha manifestado públicamente su deseo de presentarse a los comicios de 2011, dejó claro este martes que la sentencia que permite la reelección continua de presidentes y alcaldes está "grabada en piedra" y "es inapelable".
Por su parte, los dirigentes del Partido Liberal Constitucionalista (PLC), de la Bancada Democrática Nicaragüense (BDN), la Alianza Liberal Nicaragüense (ALN) y del Movimiento Renovador Sandinista (MRS) se comprometieron este miércoles a trabajar para anular el fallo judicial con el respaldo de importantes organizaciones civiles y el Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep) y la Cámara de Comercio Americana Nicaragüense (Amcham), informa el diario nicaragüense 'La Prensa'.
Los principales dirigentes políticos en la oposición en Nicaragua sellaron este miércoles una pacto con el sector privado para conseguir la anulación del fallo judicial de la Corte Suprema y, asimismo, se comprometieron a frenar la aprobación de leyes en el Congreso como medida de presión.