MANAGUA, 3 Abr. (EUROPA PRESS) -
El Gobierno de Nicaragua denunciará de manera oficial este lunes ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ), lo que considera una "violación y desacato" de las medidas cautelares impuestas por el propio tribunal ante el contencioso fronterizo abierto entre ambos países por el control de una zona de la desembocadura del río San Juan.
El director jurídico de la Cancillería de Nicaragua, César Vega, ha acusado a Costa Rica de interpretar "de manera antojadiza y malintencionada" el contenido de la resolución del pasado 8 de marzo emitida por la CIJ que prohíbe el envío personal, sea civil, de policía o de seguridad.
Según sostiene Nicaragua, Costa Rica envió personal el pasado viernes a la zona, aunque Costa Rica alega que se trata de una misión de evaluación de los posibles daños ecológicos provocados por el dragado del río realizado por Nicaragua
"Nicaragua se abstuvo de ingresar al caño, porque queremos cumplir con la sentencia, sin embargo vemos a Costa Rica que quiere enviar civiles al caño", ha señalado Vega. Esta iniciativa está considerada por Managua como una "provocación".
Vega ha asegurado que el derecho de Nicaragua a dragar el río San Juan "es incuestionable e incontestable, nadie puede oponerse a ello, por cuanto está sustentado en todo el derecho internacional que rige esta actividad que está realizando Nicaragua y también ha sido reiterado y ratificado por la Corte", según declaraciones recogidas por el diario 'El 19'.
Costa Rica ha denunciado ante la Organización de Estados Americanos (OEA) la presencia de militares nicaragüenses en su territorio, así como graves daños ambientales en la isla Calero causados por el dragado ordenado nicaragüense del fronterizo río San Juan.
La isla Calero forma parte del Refugio de Vida Silvestre Barra del Colorado, una zona que integra también el Corredor Biológico Mesoamericano y cuenta con la protección de la Convención Ramsar. El Gobierno de la presidenta costarricense, Laura Chinchilla, ha expresado además su preocupación porque estas obras se estarían haciendo en territorio costarricense y por los efectos que pudieran tener en el trazado de la frontera.