MADRID, 16 Oct. (EUROPA PRESS) -
El subsecretario para el Hemisferio Occidental del Departamento de Estado de Estados Unidos, Michael G. Kozak, ha condenado la aprobación por parte de la Asamblea Nacional de Nicaragua de la Ley de Regulación de Agentes Extranjeros, que controla las actividades de aquellas personas o empresas que reciban financiación exterior.
En un mensaje difundido en su cuenta de Twitter, Kozak ha alertado de que este supone un nuevo "movimiento autoritario" por parte del Gobierno del presidente nicaragüense, Daniel Ortega, y ha lamentado que la legislación tenga como objetivo voces disidentes.
"La ley aprobada ayer en la Asamblea Nacional de Nicaragua tiene como objetivo a la oposición prodemocracia y los medios de comunicación independientes", ha asegurado antes de afirmar que es otro "movimiento autoritario que busca silenciar a los críticos" con el Gobierno.
Así, ha insistido en que el pueblo de Nicaragua "no será libre hasta que pueda hablar por sí mismo y organizarse sin miedo".
La Ley se ha topado con las críticas de la oposición y organizaciones de Derechos Humanos, que la han calificado como un instrumento de represión política y restricción de libertades.
Con 70 votos a favor, la Asamblea ha aprobado este marco jurídico que tiene como objetivo, tal y como ha explicado, regular "a las personas naturales o jurídicas que respondan a intereses y financiamiento extranjero y lo utilicen para realizar actividades que deriven en injerencia de organizaciones y Gobiernos extranjeros en los asuntos internos de Nicaragua, poniendo en riesgo la seguridad del Estado".
El Gobierno de Daniel Ortega, que presentó la propuesta en septiembre, argumenta que este marco jurídico garantiza la defensa y protección de la independencia, soberanía y autodeterminación de Nicaragua.
Los calificados como "agentes extranjeros" por la Administración deberán registrarse en el Ministerio de Gobernación y detallar los fondos recibidos, así como en qué se gastan. También se les prohibirá intervenir en cuestiones de política interna, bajo amenaza de sanciones penales.
Para la opositora Alianza Cívica de Nicaragua, la ley "criminaliza a las organizaciones, empresas, medios de comunicación y asociaciones que reciben fondos de gobiernos externos" y, además, "viola Derechos Humanos y constitucionales", han denunciado a través de Twitter.