25 de octubre de 2006

Nicaragua/EEUU.- Washington retira el visado a varios jueces y a una alcaldesa nicaragüense por narcotráfico

MANAGUA, 25 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Estados Unidos retiró hoy el visado de entrada a varios jueces y a una alcaldesa de Nicaragua por estar presuntamente vinculados al narcotráfico, según informa hoy el diario nicaragüense 'La Prensa'.

Se trata de la juez de Bluefields Ivania McCrea Villachica y la alcaldesa de Bilwi en la Región Autónoma del Atlántico Norte, Elizabeth Enríquez, con el argumento de presuntos vínculos con actividades de narcóticos en el país centroamericano.

Washington rechazó también la solicitud de visado del juez Tomás Cortés y prohibió la entrada a dicha nación a la juez Miriam del Socorro Guzmán, por presuntos actos de corrupción, según confirmó la oficina de prensa de la Embajada de Estados Unidos en Managua.

La alcaldesa es del partido indígena Yatama, de la fracción aliada con el Frente Sandinista (FSLN). McCrea, por su parte, dijo que no ha sido notificada aún por la Embajada sobre la decisión de revocarle la visa. "No sé nada de eso y me extraña el señalamiento", expresó la juez, que se encuentra de permiso por maternidad.

El Gobierno estadounidense aplicó a McCrea y Enríquez la sección 212 (a), inciso 2, de la Ley de Inmigración y Nacionalidad, que alude presuntas actividades ilícitas, que dictan que no existe derecho a recibir visado si hay razones para creer que el individuo ha ayudado o encubierto, a sabiendas, tráfico de narcóticos ilegales.

A Cortés y Guzmán les aplicaron la Sección 212 (f), de la Ley de Inmigración y Nacionalidad, que alude a presuntas actividades ilícitas, que establece la prohibición del ingreso a Estados Unidos de funcionarios públicos que se tenga conocimiento que están involucrados en actos de corrupción.

Éste es el mismo inciso que se ha aplicado antes para el retiro de visados a otros diputados liberales y sandinistas, magistrados liberales, funcionarios de la Contraloría y de la Fiscalía, supuestamente vinculándolos a actos de corrupción pública.

La juez de Ejecución de Sentencia y Vigilancia Penitenciaria de Bluefields, Ivania McCrea, ordenó la libertad de, al menos, cuatro personas condenadas o procesadas por narcotráfico. Entre las personas que liberó están el nicaragüense Róger Hilario Blandón, capturado en Little Corn Island con 58 kilos de cocaína, y el hondureño Francisco Ruiz Murillo, capturado con más de mil kilos de dicha sustancia.

La libertad de estos reos se justificó con varios informes forenses que diagnosticaban padecimientos de hemorroides e hipertensión, respectivamente y que éstos debían curarse en sus casas, sin custodia penitenciaria. La Corte Suprema de Justicia (CSJ) ordenó una investigación del caso.

La Policía nicaragüense y autoridades de Estados Unidos también investigan el envío de varios miles de dólares de Ivania McCrea a su cónyuge Thomas Rafael Gámez, que pasó un período largo en Estados Unidos.

Por su parte la juez del Sexto Penal de Juicio de Managua, Miriam del Socorro Guzmán, al parecer ordenó a la Dirección General de Aduanas (DGA) devolver 300 mil dólares a los ciudadanos mexicanos Luis David Zamora Ramírez y Rigomilda Valencia Barragán, que los introdujeron ilegalmente a Nicaragua en julio de 2005.

Antes de ordenar la devolución del dinero, Guzmán desechó las principales pruebas documentales con las que contaba la Fiscalía General de la República para demostrar que los acusados no declararon el dinero en Aduanas y lo llevaban escondido en dos maletas. La judicial consideró que las pruebas no fueron presentadas conforme a la ley.

El siguiente caso es el del juez Séptimo Local del Crimen de Managua, Tomás Cortés, quien ordenó archivar el proceso penal abierto contra el entonces candidato a la Alcaldía de Managua por el Frente Sandinista, Dionisio Marenco, por amenazas contra el periodista Carlos Guadamuz Portillo, asesinado de tres disparos a quemarropa por William Hurtado, en febrero de 2004. Este juez justificó su decisión en el hecho de que el caso prescribió por abandono del caso por el denunciante.

La denuncia de Guadamuz fue realizada el 15 de noviembre del año 2000 y en ella se responsabilizaba al secretario general del Frente Sandinista, Daniel Ortega y a Marenco, de supuestas amenazas de muerte y toma ilegal de tierras en perjuicio de Guadamuz y Miguel Ángel Casco. Cortés es ex cuñado del ex jefe de la Seguridad del Estado del gobierno sandinista, Lenín Cerna Juárez.