Actualizado 25/06/2013 22:33

Nicaragua.- El empresario chino concesionario de la obra del canal de Nicaragua niega vínculos con el Gobierno chino


PEKÍN, 25 Jun. (Reuters/EP) -

El empresario chino Wang Jing, concesionario del proyecto para la construcción del Canal Centroamericano en Nicaragua, ha negado este martes que tenga vínculos especiales con el Gobierno chino y ha asegurado que su riqueza procede de la inversión en una mina de oro de Camboya.

"Esperaba que la gente le prestara atención al proyecto y no a mí personalmente", ha afirmado Wang en rueda de prensa desde un lujoso hotel de Pekín al tiempo que ha desmentido que tenga ningún vínculo familiar con el Gobierno, el Ejército o el Partido Comunista Chino. "Soy un ciudadano chino muy normal. No podría ser más normal", ha asegurado.

Posteriormente, en una entrevista con Reuters, Wang dijo que HKND encabezaría un consorcio de socios que operaría "con justicia, imparcialidad y apertura" y que podría incluir a otras empresas internacionales.

La financiación correrá a cargo de bancos chinos y de otros países, ha indicado Wang, aunque no ha querido concretar ningún nombre. En cualquier caso, ha asegurado que las negociaciones al respecto "marchan bien".

El misterioso empresario, de 40 años de edad, es la única cara visible del Grupo HKND, que ha suscrito un acuerdo por 40.000 millones de dólares con el Gobierno nicaragüense para diseñar y construir un canal interoceánico en Nicaragua y una concesión de 50 años. El proyecto pretende competir con el Canal de Panamá.

El plan, visto con escepticismo en el sector, es construir un canal de 286 kilómetros de longitud que conecte al Caribe con el Pacífico por medio del lago Nicaragua, el mayor lago de agua dulce de Centroamérica. El canal tendrá un coste equivalente a cuatro años del Producto Interior Bruto de Nicaragua y será tres veces más largo que el Canal de Panamá, cuya construcción duró una década.

El objetivo, según Wang, es conseguir ingresos anuales de unos 5.500 millones de dólares, después de los cinco años que debería durar la fase de construcción, según el acuerdo suscrito con Nicaragua. Sin embargo, el pacto no contempla sanciones por retrasos.