MANAGUA, 8 Jul. (Reuters/EP) -
La fiscalía de Nicaragua acusó ayer de fraude y tráfico de influencias al líder opositor, Eduardo Montealegre, por la intervención, quiebra y venta de cuatro bancos privados cuando era ministro de Hacienda entre 2002 y 2003.
Las quiebras, de acuerdo con los fiscales, supuestamente no eran necesarias y supuso pérdidas millonarias al Estado. Montealegre junto a otras 38 personas, entre ellos algunos empresarios, se habrían beneficiado de dichas operaciones.
"Había una intención clara de que los bancos quebrasen, aunque no era necesario" dijo en una rueda de prensa la fiscal general adjunta, Julia Guido, quien solicitó arresto domiciliario para los acusados y destacó que los delitos llevan una pena de 8 a 10 años de cárcel.
Montealegre fue ministro de Hacienda cuando tuvieron lugar las quiebras bajo parte del Gobierno de Arnoldo Alemán, que cumple una condena de 20 años de arresto domiciliario por cargos de corrupción.
Nicaragua gastó al menos unos 492 millones de dólares (313 millones de euros) en emitir bonos, llamados Cenis, para garantizar depósitos, evitar una corrida bancaria y cubrir las brechas del Banco del Café, Banco Intercontinental (Interbank), Banco Nicaragüense de Industria y Comercio (Banic) y Banco Mercantil (Bamer).
Guido, cuya dependencia investigó por más de dos años las quiebras de los bancos, aseguró tener pruebas de que los acusados se beneficiaron de las carteras y activos de los bancos cuando fueron vendidos, pero no explicó exactamente cómo.
"ACUSACIÓN POLÍTICA"
Además de Montealegre, diputado y ex candidato presidencial en las elecciones de 2006, están acusados dos ex presidentes del Banco Central, dos ex ministros de Hacienda, un ex superintendente de bancos e integrantes y ex miembros del consejo del Banco Central, entre otros. La acusación también incluye a empresarios como el director del periódico opositor La Prensa, Jaime Chamorro.
Montealegre, candidato del derechista Partido Liberal Constitucionalista (PLC) a la alcaldía de Managua en las elecciones de noviembre, dijo que se trata de "una acusación política" generada por el Gobierno del presidente y ex guerrillero sandinista, Daniel Ortega.
Sin embargo, el candidato opositor no puede ser juzgado porque goza de fuero como diputado; para eliminarlo son necesarios los votos de la mitad más uno de los 92 legisladores de la Asamblea Nacional.